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Finalmente pasó a sanción presidencial el Plan Nacional de Desarrollo, este establece una serie de inversiones para los próximos cuatro años que superan los $703 billones, orientados a alcanzar las metas trazadas por el Gobierno para el cumplimiento de sus tres pilares fundamentales: Paz, Equidad y Educación. Los bajos precios internacionales del petróleo disminuyeron en casi 900 billones los recursos del Plan.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, pasó a convertirse en la Ley 138 de 2015 del Senado y 200 de 2015 de la Cámara de Representantes.

La aprobación final sufrió fuertes cuestionamientos porque se aprobó la expedición de las llamadas licencias exprés abriendo la posibilidad de explorar en zonas especiales como los páramos, humedales o regiones en donde debe haber mayor control. La organización ambiental Greenpeace rechazó la conciliación entre las Cámaras del Congreso ya que según ellos se da vía libre a la minería en páramos y se otorgan licencias ambientales exprés. La organización ambiental señaló que la aprobación de este plan retrocede, en términos normativos, la lucha por la protección de los recursos hídricos.

Otro tema que fue aprobado y que es muy polémico es el que ajusta el cobro del alumbrado público en los municipios, considerado por la oposición como un nuevo impuesto ya afectando la productividad y competitividad de las empresas.

Y aunque el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, destacó el hecho de que el Plan Nacional de Desarrollo fue construido desde las regiones, teniendo en cuenta sus necesidades y potencialidades para lograr un mayor crecimiento social y económico con equidad en el escenario de la paz, la sensación que hay en el país, y en especial aquí en el Tolima es que muy poco se tuvo en cuenta las solicitudes realizadas desde la dirigencia departamental y gremial del Departamento de participar de la Región Central y de financiar los proyectos que se le entregaron al Director de Planeación durante su visita a Ibagué.

La decisión de usar el enfoque territorial para definir e implementar las prioridades incluidas en el Plan es un acierto a juicio de muchos expertos, sin embargo, la crítica está en que las definiciones de muchas de las políticas no consultó de manera real las opiniones de los agentes y grupos de interés de los territorios, lo que sí se hizo fue socializar la propuesta diseñada desde Bogotá.

Una carencia en la elaboración del Plan fue la evaluación de las equivocaciones y propósitos no alcanzados del anterior cuatrienio: faltó hacer una evaluación de las políticas de las locomotoras y restitución de tierras. Nunca se supo cómo le fue al anterior Plan Nacional de Desarrollo.

A mi juicio el plan acierta al expresar la voluntad del gobierno de construir una paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos, y en asumir la educación como el instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, buscando así cerrar brechas en acceso y calidad en las regiones.

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