Reducción del gasto público

Jaime Eduardo Reyes

La semana pasada se entregó por parte de la Comisión de Estudio para la Eficiencia del Gasto Público y la Inversión, el informe sobre las recomendaciones para reducir el gasto público en Colombia.

El aumento del gasto público durante este gobierno ha sido objeto de críticas, sin embargo, como lo afirma el informe éste ha aumentado significativamente como proporción del PIB, particularmente en el nivel central. Durante la ultima década del siglo veinte y los primeros años del siglo veintiuno, el gasto pasó de 8.5% del PIB en 1989 a 17.2% del PIB en 2002. Durante los últimos quince años el gasto del Gobierno Nacional Central se estabilizó en un 18.9% del PIB nacional.

La necesidad de reducir el gasto público es evidente y para documentar la decisión que deberá tomar el próximo Gobierno Nacional la Comisión de Estudios recomendó un grupo de medidas y reformas a los diferentes sistemas de gasto e inversión.

Con relación al funcionamiento del Estado la propuesta es eliminar las nóminas paralelas, cambiando los actuales tipos de contrato, consolidando la carrera de ascenso por méritos e idoneidades. Otro tema que se hace presente en el informe es la necesidad de buscar mayor eficiencia y un presupuesto con mayores flexibilidades.

Con relación al Sistema General de Regalías se recomienda una nueva reforma que evalúe las flexibilidades de las rentas de destinación específica, eliminando las innecesarias, concentrando el proceso presupuestal de funcionamiento e inversión en una sola entidad.

Y con respecto a las pensiones el informe propone una reforma en donde se aumente la cobertura, haciendo énfasis en la población que no alcanza las condiciones de jubilación; se requiere de una profunda reforma al sistema general de protección económica a la vejez en Colombia. Además se debe moderar la magnitud del gasto público en pensiones y corregir la regresividad que hoy afecta la distribución del ingreso.

Con relación al sistema de salud, la comisión recomienda eliminar gradualmente la obligación de contratar con las IPS públicas el 60% de la contratación con EPS del régimen subsidiado y cambiarlo por un subsidio transparente a la oferta, dirigido a las IPS en zonas apartadas o de baja densidad poblacional. Las deudas legítimas entre los actores del sistema de salud deben aclararse y reconocerse con el fin de que las entidades públicas le paguen a las EPS de manera prioritaria.

Con relación al Sistema de Educación, el informe propone que el gobierno central a través de su presupuesto nacional financie los programas de educación integral de primera infancia; para educación básica y media la capitación deberá ser por niño y generar recursos más flexibles de manera directa a los colegios permitiéndoles a los rectores la administración de estos dependiendo de los resultados por ellos logrados.

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