Se veía venir el fallo de la Corte Constitucional para frenar las consultas populares que se promueven en muchos municipios del país, una posibilidad democrática que generaba controversia, pues mediante ellas los entes territoriales por medio de votaciones autorizaban o no el desarrollo de proyectos mineros y petroleros.
Las consultas populares sin duda tenían inconforme al gobierno, los gremios y empresarios. En 92 municipios se habían realizado. Las comunidades venían considerando que la minería y la explotación petrolera afectan el ambiente, ponen una seria amenaza a sus recursos naturales, el desarrollo de otros sectores como el agropecuario y sus derechos fundamentales. Señalaban los sectores económicos que se venían frenando proyectos que representarían más de $200.000 millones en regalías, generando un riesgo para el futuro del país.
Por estas razones el país estaba en vilo por el fallo a la tutela presentada por la petrolera Mansarovar, que habiendo firmado un contrato de exploración con la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, no podía sacar adelante su iniciativa por la consulta popular de Cumaral, Meta, donde sus habitantes rechazaron las explotaciones mineras o petroleras en su territorio.
El fallo finalmente se dio el pasado jueves 11 de octubre. La Corte Constitucional precisó elementos que se consideran clave para destrabar el nudo existente y permitir el flujo de la inversión en el sector. 1) Le quita los dientes a las consultas populares, dice que no son el mecanismo para frenar o vetar proyectos de naturaleza extractiva, 2) reafirma que el Estado tiene autonomía sobre la explotación de los recursos del subsuelo, y 3) que el Congreso tendrá dos años para legislar cómo será la conciliación con las comunidades, buscando que se respeten los intereses de todos.
Este fallo no es retroactivo, aplica para el caso de Mansoravar y las consultas que no se han hecho aún, por eso, la pregunta que surge es ¿qué pasará con las que tienen en vilo y frenadas grandes inversiones, para el caso particular en el Tolima, el proyecto de La Colosa en Cajamarca con la compañía Anglo Gold Ashanti? Según la Revista Semana, dado que la medida no es retroactiva, tendría que acudir a instancias judiciales para aclarar si puede reactivar su exploración y explotación.
Sin duda este pronunciamiento de la corte pone un tatequieto a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, frena una de las manifestaciones más amplias de la democracia participativa, mediante la cual pueden someterse asuntos de interés de los territorios en sus diferentes ámbitos para que la ciudadanía defina directamente el destino colectivo que deben tener.
La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional para muchos representa una violación de los derechos legítimos que tienen los habitantes de defender sus territorios, si esta autoridad del poder judicial menciona que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la Nación, los municipios son parte integral de él y por ello las consultas populares siguen siendo válidas y vigentes.
Sin duda, el fallo de la Corte va en contravía de un mecanismo de participación ciudadana fundamental que ayuda a construir una sociedad más democrática, donde no primen exclusivamente los intereses de las grandes empresas y multinacionales.
Ahora que en muchos municipios del Tolima y el país se realizan los ajustes del ordenamiento territorial, debemos poner de presente que hay que combinar armónicamente la capacidad de acogida del suelo, su vocación productiva, pero también las aspiraciones de la población que vive en él. Un derecho fundamental de los pobladores es definir si quieren los megaproyectos minero-energéticos o no, porque finalmente es a ellos a quienes van a afectar estas iniciativas, o sino miremos lo que pasa en la actualidad con Hidroituango, una obra llamada a ser la salvadora de la región por el abastecimiento energético que generaría, sin embargo, ha generado desplazamiento, violencia, violación a los derechos humanos y zozobra por la incertidumbre de una posible avalancha que se podría presentar afectando a los habitantes de toda la ribera del río Cauca.
Como colofón, el fallo de la Corte Constitucional es el round más reciente de la discusión entre ambiente y desarrollo.
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