Difícilmente alguien que esté relativamente bien informado deja de reconocer la importancia que trajo para el país el acuerdo de paz que firmó el Gobierno nacional con la exguerrilla de las Farc. La disminución de las acciones armadas, el impacto nefasto de las minas antipersonales, la zozobra generada por las intimidaciones, amenazas y extorsiones han disminuido de una manera significativa en las zonas donde antes hacía presencia este actor armado ilegal.
En los territorios donde antes mantenían su dominio hoy se respira otro ambiente y eso se refleja no solo en la tranquilidad que reconocen sus pobladores, sino a la llegada de muchos turistas que se acercan a estas zonas con seguridad y con la expectativa de conocer unos paisajes que antes estaban proscritos para ellos por la intensidad de la confrontación armada.
En 2019 se deben despejar muchas dudas que se presentan en lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos. La primera es si hay un interés verdadero por parte del Gobierno nacional de seguir avanzando en los mismos como lo ha señalado el presidente Duque en escenarios internacionales y ante las naciones unidas. Si la respuesta es un inobjetable sí, esto se deberá traducir en muchas cosas que consoliden el proceso y que se deben reflejar en la retoma de la agenda pactada para seguir avanzando en su cumplimiento.
Un aspecto sustantivo de este cumplimiento debe ser el avance en el punto uno de la agenda referido a la reforma rural integral que debe crear las condiciones de bienestar para la población rural y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio nacional.
Aquí vale la pena destacar que una apuesta tiene que ver con la regularización de la propiedad, luchar contra la ilegalidad en la posesión y propiedad de la tierra. Garantizar el derecho de los legítimos poseedores y dueños, para que no se vuelva a acudir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con este bien.
Aquí en este aspecto hay negros nubarrones que se ciernen sobre la viabilidad de este propósito. Durante los últimos días ha arreciado la violencia, amenazas y asesinatos de líderes sociales especialmente los reclamantes de tierras que fueron usurpadas por actores armados ilegales.
Preocupa que, frente a este exterminio sistemático de líderes y lideresas, el Gobierno nacional no se pronuncie y por el contrario muestre más preocupación por el tema de Venezuela que por el drama social de estos luchadores sociales.
Hay incertidumbre sobre cómo funcionará el fondo de tierras para la reforma rural integral que tiene el propósito de lograr la democratización del acceso a este bien. Hay una meta de constituirlo para distribución gratuita de este recurso con 3 millones de hectáreas durante sus primeros doce años de su creación. En 2019 se deberá esclarecer mucho más lo referente a este mecanismo que promueve el acceso a la tierra y empezar las definiciones de cuales son las regiones donde se empezará a implementar.
También hay dudas de cómo se implementarán los Planes de Acción para la Transformación Regional -Patr- y, si estos son parte fundamental del nuevo Plan Nacional de Desarrollo PND. En varias regiones del país donde se realizaron talleres para la formulación del PND quedó la sensación que éstos no aparecían por ninguna parte. Inaceptable que esto fuera así puesto que, de no quedar incluido, sencillamente este potente instrumento para cambiar la realidad territorial se volvería una de las más grandes frustraciones para las comunidades rurales que participaron en muchos encuentros en su formulación.
Estos son apenas unos pocos elementos para analizar lo que será la implementación de los acuerdos de paz en 2019, la temática es densa, compleja y nos exigirá estar atentos a los vaivenes que muy seguramente se presentarán en este nuevo año. Conviene que sigamos respaldando como sociedad esta apuesta por la reconciliación y convivencia entre los colombianos y que entendamos que la implementación de los acuerdos beneficia a toda la sociedad en general y no solamente a las Farc como equivocadamente unos sectores políticos quieren hacernos creer.
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