La solución al problema de las drogas ilícitas es uno de los puntos de la agenda negociada entre el gobierno y las Farc. Se considera que el narcotráfico ha sido uno de los elementos fundamentales para la persistencia del conflicto armado colombiano, en la medida en que ha sido una fuente muy importante para la financiación de los grupos armados ilegales en el país.
En el documento del Acuerdo de Paz se manifiesta que: “La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”.
Luego de la dejación de armas de las Farc se han aumentado en forma alarmante las hectáreas sembradas en hojas de coca y por ende la deforestación en varias regiones del país como el Cauca, Nariño, Caquetá y Norte de Santander entre otros.
En el Acuerdo entre el gobierno y las Farc se proponía un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito Pnis como un capítulo especial de la Reforma Rural Integral. Se buscaba con esta estrategia contribuir con la generación de condiciones que permitiera a las comunidades que habitan zonas afectadas por cultivos de uso ilícito gozar de condiciones de bienestar y buen vivir, y a las personas vinculadas con estos cultivos, oportunidades para desvincularse definitivamente de esta actividad.
Pasado un tiempo importante luego de la firma de este acuerdo en el cual se generó una gran expectativa por parte de los cultivadores de coca, los resultados han sido pírricos, pues en la mayoría de los casos el gobierno no les ha cumplido los compromisos a estos campesinos y por el contrario la siembra de esta planta se ha multiplicado sustantivamente, llegando a los territorios donde se produce, nuevos compradores no solamente de varias regiones del país, sino también de otros países.
Ante esta situación el gobierno Duque vuelve a esgrimir el argumento de la fumigación con glifosato como una alternativa a la expansión de la frontera de la coca a otras regiones. Han adornado esta opción, incluso hablando de drones para su aplicación, bajo el supuesto que esta alternativa es más precisa, menos costosa y de menor impacto ambiental para los territorios.
En este contexto, la semana anterior se dio un hecho inédito en la Corte Constitucional en donde se pudieron confrontar puntos de vista sobre el tratamiento al problema de las drogas ilícitas. En una orilla el expresidente Juan Manuel Santos y en la otra el presidente Duque y por supuesto el Fiscal que no pierde ocasión para cuestionar cada aspecto de los acuerdos de paz.
Duque se fue lanza en ristre contra el Pnis, manifestando que el mismo tiene un doble incentivo perverso, el primero, sembrar y comercializar lo sembrado, y el segundo, recibir dinero por desmontar lo ya sembrado. Por el contrario, el expresidente Santos reivindicó las políticas progresistas en materia de lucha contra las drogas y se mostró contrario a las aspersiones aéreas de los cultivos con glifosato que deberían tener una concentración 10 veces mayor que la usada en otros cultivos agrícolas, manifestando que en esas proporciones, el herbicida es un veneno para las personas.
Conviene resaltar en esta audiencia en la Corte Constitucional la voz del exministro Alejandro Gaviria, llamando la atención sobre la relación del glifosato con la mortalidad infantil y el aumento de la tasa de abortos involuntarios, además de problemas dermatológicos y respiratorios.
En medio de estas dos visiones del estado para la sustitución de cultivos se encuentran las de los campesinos cultivadores y las de las autoridades de estos territorios donde la coca es el principal producto agrícola. Estos actores reclaman la sustitución voluntaria y el cumplimiento de los compromisos establecidos por el Estado para la erradicación. Coinciden con Santos en que hay que ofrecerles a los campesinos, alternativas y no veneno, que no los estigmaticen y que por el contrario entiendan que en esa Colombia profunda este cultivo ilícito es el único que le garantiza unos ingresos que les permite sobrevivir.
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