Luego de los trepidantes días que han pasado en el país, con todos los sucesos alrededor del pronunciamiento de la JEP en el caso Santrich, la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, la liberación fugaz luego de un habeas corpus y la ulterior recaptura de este exguerrillero de las Farc, las nuevas pruebas que aparecieron en su contra, entre otras cosas, la Nación se ha debatido en unas intensas discusiones alrededor de lo que algunos sectores políticos llaman gran crisis institucional.
En este contexto se han escuchado voces altisonantes del partido de gobierno que le reclaman al presidente Duque, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, o, al menos, la declaratoria de un estado de conmoción interior para poder asumir medidas excepcionales, entre ellas, acabar la JEP, considerada un tribunal para la impunidad que beneficia a los miembros de las Farc.
Se escudan en la lectura que hacen de la crisis nacional a la que acrecientan, y sin palidecer, plantean que se debe avanzar en una constituyente para reformar la justicia, pero olvidan mañosamente que un congreso constituyente tiene plenos poderes y puede modificar cualquier aspecto de la constitución como revivir la reelección presidencial que hoy no existe y que según algunos suspicaces, es lo que pretenden.
Más allá de esta pretensión de querer acabar la JEP, lo que se debe hacer es respaldarla sobre el entendido que es un núcleo vital de los acuerdos de paz, la que nos podrá traer una justicia transicional que nos permita avanzar en la reconciliación y convivencia de los colombianos.
Independiente de si les gusta a algunos sectores políticos, la JEP como dice un comunicado de quienes defienden este mecanismo “debe ser respetada de la misma manera que lo deben ser las otras instituciones que integran la rama judicial del poder público. Las otras ramas del poder público están obligadas a apoyarla y no a entorpecer sus labores”.
Desde su surgimiento la JEP ha soportado fuertes embates, injustos ataques, estigmatización y propósitos malsanos dirigidos a desprestigiarla ante la opinión pública, cosa que no ha sucedido, pues es evidente que hoy esta jurisdicción especial tiene mayor favorabilidad incluso que el propio presidente de la República.
No contentos con la campaña de desprestigio, la Comisión de Acusaciones de la Cámara le abrió una investigación preliminar a la presidenta de la JEP, Patricia Linares -mujer valiente y proba-, y el magistrado Alejandro Ramelli. Esta comisión está cuestionada seriamente en la medida en que es un órgano de origen político, integrada por representantes pertenecientes a un partido que sistemáticamente se ha opuesto al proceso de paz y a la implementación de los acuerdos, entre ellos al sistema de justicia transicional. Ante esta arremetida contra estos magistrados hay que exigir garantías plenas, imparcialidad y un debido proceso.
Es tan evidente el sesgo de esta investigación que el propio Procurador General de la Nación expresó que: “La Comisión de Acusación no se puede convertir en instrumento de venganzas políticas…”.
Además de todo esto, en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo se denunció el propósito de disminuir el presupuesto para su funcionamiento, lo que implicaría un ahogamiento financiero que haga mucho más difícil el funcionamiento de esta jurisdicción especial, como quien dice, la cereza del postre.
Todo este proceso de agresión sistemática se puede entender como el propósito de que no se logre investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que son el objetivo central de la JEP.
La paz es un derecho fundamental consagrado en nuestra constitución, el Estado está obligado a alcanzarla y por ello le asiste el deber jurídico de atender el derecho de las víctimas y la obligación de prevenir que nuevos hechos de violencia se presenten en el territorio nacional.
Por todo lo señalado anteriormente, hay que rodear la JEP, respaldar su trabajo, creer en la pertinencia de este mecanismo de justicia transicional como estrategia fundamental para avanzar en la reconciliación y la paz. Como diría un político lenguaraz de una época reciente: “dejen jugar a la JEP”.
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