Hace algunos días recibí una llamada telefónica de una persona que me informaba que en las montañas que son la entrada para el parque natural del nevado del Huila, en el municipio de Planadas, se estaba produciendo una tala indiscriminada del bosque y me solicitaba que pusiera en consideración el caso con la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, para frenar este proceso de deforestación en este ecosistema estratégico productor de bienes y servicios ambientales para la región.
Como el mejor gestor ambiental, esta persona me manifestaba que este parque era una reserva de la biosfera, considerada estratégica porque abastece las dos cuencas más importantes del país (cuenca alta del Río Magdalena y cuenta alta del Río Cauca) catalogándola como una estrella hídrica del macizo colombiano.
Su preocupación se refiere con un hecho paradójico y está relacionado con el conflicto armado y la paz. Mientras existía la confrontación del Estado con la insurgencia de las Farc, estos ecosistemas se mantenían protegidos y preservados. Ningún campesino, ni empresario se atrevía a hacer uso del bosque por el temor que se generaba por la presencia de los combatientes armados en estos territorios.
Cuando ellos imponían que en estos espacios no se podía talar, cazar, ni pescar, nadie lo hacía y esto garantizaba que estos paisajes se conservaran. Ahora que ya no existe presencia insurgente, los ecosistemas estratégicos están a merced de quien quiera usarlos y degradarlos.
Que la deforestación es un hecho que se dispara después de la negociación de un conflicto armado es algo irrebatible, hay cifras que son realmente preocupantes. Después de una confrontación bélica la pérdida de bosque se incrementa en un 68%, según estudios realizados en Perú, Sri Lanka, Nepal y Costa de Marfil.
Hay actividades que contribuyen con esta cifra espeluznante como la expansión de la frontera agrícola, la demanda de madera, la demanda en el comercio internacional de productos forestales, el precario cumplimiento de las regulaciones ambientales y la tala ilegal. Estas acciones generan reducción en los niveles de biodiversidad y, por lo tanto, de los servicios y bienes que prestan los ecosistemas, como agua, alimento, regulación del clima, captura del dióxido de carbono y recreación, como señalan varios expertos.
Los estudios que se han realizado sobre paz ponen de presente que durante los periodos de transición que ocurren después del final de un conflicto armado, las estructuras políticas e institucionales establecidas tienden a fracasar, por lo que se necesita concentrar la atención a los temas socio-ambientales relacionados con la construcción de paz.
En Colombia la relación entre ambiente y paz es cada vez más relevante. La deforestación se ha incrementado en regiones como Caquetá, Meta, Nariño, Putumayo, Cauca y Catatumbo. Esta tala ilegal en esas regiones tiene que ver con actividades como la ganadería extensiva y la siembra de coca para su ulterior proceso de transformación en cocaína.
En el departamento del Tolima por fortuna no tenemos una situación tan compleja y preocupante, pero esto no nos puede llevar a una actitud complaciente y mucho menos irresponsable. No queremos que se vaya a presentar el resurgimiento de los cultivos de uso ilícito como se presentó en la década de los ochenta y comienzos de los noventa del siglo anterior. Debemos lograr que nuestros campesinos se conviertan en los mejores guardianes y cuidadores del bosque como antes lo hizo la insurgencia.
En términos de cargas y beneficios en clave de ordenamiento territorial, no podemos seguir creyendo que los campesinos tengan las cargas y los habitantes de los centros poblados y urbanos los beneficios, especialmente del recurso hídrico. Es necesario que se puedan ampliar programas como el BanCO2 por servicios ambientales, donde las personas del campo reciban un apoyo financiero por garantizar la conservación del bosque, además de estímulos económicos generados desde las entidades territoriales departamentales y locales.
A la persona que me llamó terminé diciéndole que nadie quiere ver que nuestros ecosistemas se sigan degradando ahora que está ausente el actor armado ilegal que hacía presencia. Le corresponde al Estado llegar a todos los territorios no solamente con la fuerza pública, sino con programas que mejoren la calidad de vida de la gente que vive y cuida los ecosistemas más importantes del país.
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