La pandemia del Covid-19 generó inmensos impactos en la vida de todas las sociedades. Ningún país se encontraba preparado para afrontar una amenaza a la salud pública de esta dimensión; el confinamiento que se impuso tuvo efectos devastadores en la economía de las naciones y las familias, generando dificultades nunca antes vistas. El efecto de la pandemia se reflejó en un crecimiento vertiginoso de las enfermedades mentales que para algunos analistas se convirtió en lo más complejo de manejar: el encierro, la soledad, la ausencia de libertad por el sometimiento al miedo que todos tuvimos, convirtió la vida de un momento a otro en algo insoportable.

Hace una semana escribía sobre la importancia de la participación ciudadana y sobre un proceso electoral interesante referido a la elección de los Consejos Municipales de Juventud. Los jóvenes, protagonistas del estallido social iniciado en abril de este año, tendrían la oportunidad de elegir sus representantes en todos los municipios del país; reclamaban soluciones a sus inmensos problemas, protestaban por la falta de participación y además por no ser tenidos en cuenta en la construcción de políticas públicas para la solución de sus necesidades apremiantes. 

Se ha vuelto un lugar común en nuestro país, afirmar que existen más espacios e instancias de participación ciudadana que ciudadanos dispuestos a participar en ellas. Ahora mismo, muchas personas son descreídas de las ventajas y bondades de hacer parte de procesos que propugnan por reivindicaciones sociales y políticas. Muchos afirman su resistencia basados en la inocuidad de estas dinámicas por no generarse desde ellas los cambios esperados.

Hay hitos de la historia del país y nuestro departamento que deben exaltarse. Uno de ellos fue la promulgación de la Constitución Nacional de 1991 en la que se apostó a la construcción de un estado social de derecho. El otro, fundamental para el país, fue el Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 entre el gobierno del entonces presidente Santos y la guerrilla de las Farc, el movimiento insurgente más viejo del mundo.

Parece que los negociadores de los países poderosos y desarrollados, junto con grandes empresas del sector de las energías fósiles siguen marcando el destino del planeta en las cumbres que hasta ahora se han celebrado. No importa el alarmismo creciente sobre la catástrofe climática anunciado desde hace varios años por la comunidad científica, ni la legítima preocupación de los países costeros y los que transitan por la senda del subdesarrollo y la pobreza, el interés económico sigue siendo más fuerte, sigue imponiéndose.

El pasado 6 de noviembre se desarrolló en Glasgow (Escocia) una monumental movilización de más de cien mil personas en el marco de la celebración del día de Acción Global por la Justicia Climática. Esta portentosa marcha que se sumó a otras 250 acciones en todo el mundo tenía un propósito: exigir a los líderes políticos reunidos en la COP26, compromisos serios y más ambiciosos que permitan que la temperatura global del planeta no sobrepase 1.5ºC y reclamar verdaderas soluciones basadas en la justicia climática.

Este domingo, mientras veía el alborozo de cientos de niños celebrando su día con toda clase de ingeniosos disfraces, me interrogaba si toda esta felicidad la seguirán viviendo en unos años, teniendo en cuenta los oscuros pronósticos que se ciernen sobre este planeta atiborrado de gente. Ya somos 7.753 millones de personas las que habitamos la tierra y el ritmo de crecimiento sigue mostrando que nos acercamos sin esperanza y gran frialdad de los tomadores de decisiones en el mundo, a un gran desastre.

Con la firma del acuerdo de paz hace 5 años, se preveía la emergencia de múltiples conflictividades en los territorios, ocultas por el fragor de la confrontación y acalladas por la amenaza y actuar violento de los actores armados irregulares. Sin la presencia de estos grupos, los conflictos reprimidos, especialmente los mineros, han brotado por todos los puntos cardinales de la geografía nacional. En muchas zonas la búsqueda de oro, plata, platino, cobre, arenas y gravas genera una confrontación entre las empresas interesadas en su exploración y explotación, y las comunidades locales, muchas de ellas étnicas y afrodescendientes, caracterizadas defensoras de los recursos naturales, especialmente el agua y suelo.

En Colombia tenemos la sociedad del horror y el espanto. Cada vez somos testigos de hechos pavorosos, escalofriantes que afectan especialmente a poblaciones vulnerables y a los niños. Suceden ante los ojos de toda la ciudadanía que se ha familiarizado con ello como si fuera normal en un país donde está prohibida la pena de muerte.

La Corte Constitucional decidió unánimemente prolongar el tiempo de trabajo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad -CEV- durante nueve meses, siete para elaborar su informe que espera todo el país y dos meses para la socialización del mismo en toda la nación, tal como se esperaba en la orilla de las víctimas y de los defensores de la paz.