La Policía que necesitamos

No solo fue la triste suerte de Javier Ordóñez la que desencadenó las movilizaciones ocurridas luego de ser asesinado por varios integrantes de la Policía nacional. Este hecho solo fue la gota que rebosó el océano de indignación existente ante la barbarie que ha cobrado la vida a cientos de líderes sociales y exguerrilleros; ante la cadena de masacres presentadas últimamente, el incumplimiento de compromisos gubernamentales y el manejo de la pandemia; ante la actitud ambivalente de la Corte Suprema en el caso Uribe y el préstamo a Avianca, entre otros males que lastiman a cada uno de nuestros compatriotas.
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Como consecuencia de la represión a que fueron sometidas estas movilizaciones, más de diez colombianos perdieron la vida, muchos otros su libertad y cientos su integridad física, más de 70 de estos por armas de fuego.

Sin embargo, no fueron estos nefastos resultados los que colmaron el interés de los grandes medios. A estos solo pareció importarles los CAI destruidos, los vehículos incendiados, las vitrinas rotas e infraestructuras afectadas, pese al costo irrisorio de reparar estos daños, comparado con los 50 billones que cada año se pierden por corrupción.   

El saldo más significativo de esta salvaje represión del derecho a la protesta es el de las vidas perdidas y los heridos en los hospitales, y no el de la cantidad de vidrios rotos, que tanto preocupa a Caracol y RCN. Ese sí es el saldo que debería preocuparlos y sobre cuya investigación deberían volcarse las autoridades judiciales, civiles y militares, de las cuales el país espera que impongan justos castigos, so pena de continuar en barrena la credibilidad en tales jueces, así como también en la fuerza pública, ahora dedicada por el Estado a golpear a los ciudadanos, antes que a protegerlos.

De la Policía Nacional se espera que esté más cercana al ciudadano, lo cual es evidente que ocurre las más de las veces, pero también que actúe en protección de las masas, caso en el cual muchas veces lo hace como aquí censuramos. De allí que esté acentuándose el clamor por su reforma integral que, entre otros aspectos, la sustraiga del ministerio de Defensa y la ponga en dependencia real de las alcaldías, como lo dispone el artículo 2º de la Constitución Nacional; que a cambio de las jerarquías discriminatorias de oficiales y suboficiales, deje una sola; que disponga lo pertinente para que sus miembros todos tengan acceso a la formación superior, como lo propone el precandidato Gustavo Petro, etcétera. Obviamente, con esto no será suficiente mientras al frente del Estado permanezca la misma casta que hasta hoy nos gobierna, pero algo es algo.

RODRIGO LÓPEZ OVIEDO

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