A propósito del decreto 1174

Rodrigo López Oviedo

Luego de tantas mantas y manteadores, de insufribles fantasmas y moros encantados, el buen Sancho solo deseaba encontrar un sitio dónde reposar sus huesos, así a cambio tuviera que darle al diablo “el hato y el garabato”.
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Para el caso de los trabajadores colombianos, todos nuestros hatos y garabatos se reducen al mal salario y las prestaciones con que se nos retribuyen los esfuerzos que orientamos al enriquecimiento continuo de los dueños del capital. El gobierno y los patronos, sin embargo y en agradecimiento, se han ido quedando a dentelladas con esos hatos y garabatos, siempre con el cuento de un fementido fomento al empleo, con el cual le han abierto paso a reformas tributarias y laborales conducentes a abaratar los costos laborales y, consiguientemente, aumentar sus ganancias.

Con el decreto 1174 de 2020, cuya vigencia empezó este primero de febrero, ocurrió algo nuevo: no se renovó la promesa de nuevos puestos de trabajo. En esta ocasión, dicho en palabras de Ángel Custodio Cabrera, ministro del ramo, “lo que se intenta es formalizar a trabajadores vulnerables, que no cuentan con ningún tipo de protección”. En este caso, podríamos invertir los términos del conocido refrán popular para aplicarlo a este caso: otra guasca con el mismo perro.

Efectivamente, la guasca de este decreto ya no es el estímulo al empleo, sino el socorro a los trabajadores más desvalidos, lo cual estaría bien si hacerlo significara formalizarlos. El problema es que no es este el verdadero propósito. El verdadero propósito es el de crearles condiciones que les ayuden a amañarse en su condición de informalidad y, de paso, abrirle la puerta al empresariado para que “informalice” a los suyos a través de la contratación por horas, sin observancia del derecho al salario mínimo legal y sin afiliación al Sistema General de seguridad social, que para el caso será reemplazado por el mal llamado Piso de Protección Social, que no dará lugar a pensiones, sino a las limosnas denominadas BEP.

Esta medida debió estudiarse en la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, a la cual le compete evaluar aspectos normativos de esta naturaleza. No haberse presentado a tal organismo demuestra que la llamada democracia participativa y el diálogo social no son más que una farsa, y acentúa la necesidad de un contundente Paro Nacional. Esta sería la única forma de recuperar todos los derechos perdidos y de cerrarle el paso a la ambición sin límites de una oligarquía que, incluso en medio de una pandemia que hace insuficientes los crematorios, sigue acaparando riquezas y eternizando nuestro lugar destacado entre los países más inequitativos del mundo. 

RODRIGO LÓPEZ OVIEDO

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