Durante muchos años la educación ha sido vista por la clase media y baja del país como una oportunidad de mejorar la calidad de vida de los jóvenes y como mecanismo que otorga herramientas para que la población evolucione por medio del acceso al mercado laboral a través del empleo, esto es plenamente conocido por todos.
Pero en el competido mundo laboral, donde por estos días abundan los oferentes de fuerza laboral y escasean las oportunidades de empleo de calidad y en condiciones dignas, los empleadores expertos en oferta y demanda toman lo mejor del mercado en un intento de maximizar sus utilidades, lo que indica que la empresa privada latinoamericana se queda corta para absorber la mano de obra; inclusive ni los Estados Unidos de América goza de condiciones de pleno empleo, por tanto, muchos jóvenes y otros no tan jóvenes, con o sin experiencia, muy cualificados y otros menos cualificados quedan cesantes y evidencian en el aparato estatal una posibilidad tangible de vinculación con el sector productivo y, a cambio de ello, recibir un pago y obtener experiencia. La funcionabilidad del empleo transita desde la dignidad humana, pasando por el mecanismo para garantizar ingresos y tener un espacio en la sociedad.
El proceso político que se vive en Colombia por estos días, deja entrever un fenómeno que se arraiga con fuerza en campaña electoral, la posibilidad de generar empleo a costa de mantener la maquinaria política o apoyar a un candidato, sin importar si la campaña es de orden nacional, departamental o municipal, la opresión laboral a la que son sometidos funcionarios públicos, contratistas y empleados públicos del país en campaña está a la orden del día.
Las noticias corren de lado a lado y pareciera que a los colombianos este fenómeno se nos volvió paisaje, canjear votos por puestos políticos ha sido una de las estrategias más usadas y más efectivas para garantizar la permanencia de un grupo político o un caudillo a costa de anhelado empleo, noticias como solicitudes económicas, venta de rifas, colaboraciones voluntarias, bonos o cuotas, e incluso trabajos extras, son algunos de los comentarios más comunes escuchados por los funcionarios públicos; una estrategia que afecta la calidad de empleo y poco o nada tiene que ver con la misionalidad de la gestión pública.
Adicional a lo anterior, son censados y monitoreados juiciosamente por los caudillos y sus líderes en temas de sufragio propio y el de su núcleo familiar, y se rumora que algunos de ellos a cambio de empleo, les exigen una cantidad de votantes que van entre 10 a 50 personas de acuerdo con el valor de su salario, además, les auscultan sus redes sociales para verificar las tendencias electorales, al mejor estilo de la Gestapo.
Estos hechos son una clara evidencia que el empleo u obtener un contrato en el sector público en ocasiones y para muchos de los funcionarios vinculados a estos entes gubernamentales puede se lo mas perecido a un yugo laboral o una nueva forma de esclavitud; les comento que las actuales formas del delito, no son más, que una transformación de fenómenos registrados en el pasado.
*Profesor Universitario - @profejulianr
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