Escándalos de corrupción administrativa en entidades estatales de alto perfil, incremento de condenas a militares por casos de “falsos positivos”; y de manera paralela, un aparente debilitamiento de la seguridad democrática, materializado en ataques guerrilleros contra poblaciones inermes, asesinatos demenciales de soldados y policías, caracterizados por el empleo de explosivos, y un aumento inusitado en los índices de extorsión y secuestro. Todos los temas sin excepción, ampliamente publicitados en los medios masivos de comunicación, con shows judiciales incluidos.

Por su parte, los grupos terroristas no transmiten nada nuevo; el ELN subestimado por muchos, continúa con sus peligrosos “ancianos románticos” encabezados por alias Gabino su máximo cabecilla, al otro lado de la frontera hablando de “falta de voluntad política” y al mismo tiempo ordenando emboscadas contra la Fuerza Pública, como la perpetrada recientemente sobre una vía principal entre los municipios de Ocaña, Norte de Santander, y González, Cesar, con saldo trágico de cinco policías masacrados. En el mismo sentido, las FARC pareciera se hubiesen congelado en Marquetalia y el Caguán, los mismos con las mismas. Basta ver el último video de Cano y su socio criminal Pastor Alape, reproducido durante el evento denominado “Encuentro de comunidades por la paz”, realizado en Barrancabermeja a mediados del mes de agosto, nada nuevo. La misma prepotencia, la misma utopía revolucionaria y el mismo patético mensaje subversivo y populista, figurando como ilustres adalides de la libertad y la justicia. Sin embargo, mientras más de dos mil personas, manipuladas como marionetas por ONG proclives a estas organizaciones criminales, se concentraban en el parque principal de la ciudad petrolera; simultáneamente profesores y estudiantes universitarios engañados la mayoría y otros no tanto, visitaban campamentos guerrilleros en las selvas del Catatumbo y el Sur de Bolívar.

Este escenario un tanto convulsionado nos plantea los siguientes interrogantes: ¿Qué está pasando con la institución militar que lleva el peso de este conflicto armado interno? ¿Es cierto lo que afirman algunos personajes en cocteles con un vaso de whisky en una mano, en el sentido que los soldados de Colombia están desmoralizados? La respuesta es sencilla, pero tajante y realista: ¡no lo están!, pero si desconfían de la justicia, lo cual es mucho más grave.         

Efectivamente, en el campo de batalla el soldado se enfrenta a un adversario aleve, traicionero, sin Dios ni ley; que se presenta ya no vistiendo uniformes militares y de policía, sino con ropa de civi,l haciendo inteligencia a las tropas, y al acecho como hienas para capitalizar cualquier error; y lo más vil, armados con artefactos explosivos improvisados, arma letal que le costó la vida y dejó lisiados en 2010 a 269 militares y por lo menos 130 civiles, según cifras del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Anti persona. Este modus operandi está claramente expuesto en el Plan Renacer de Cano, se arrastran como serpientes, escondidos en las casas, incluso utilizando sus armas desde el interior de las mismas, como quedo evidenciado hace unos días en el Cauca, durante los ataques de las FARC a Toribio y Corinto. En consecuencia, los soldados de tierra, mar y aire no solo deben enfrentar a los grupos guerrilleros en los campos de Colombia, sino también en los estrados judiciales, a una Fiscalía sesgada y resentida, y a unos jueces pusilánimes ante el terrorismo, pero crueles y fuertes, ante quienes con su sacrificio, les permiten ejercer sus funciones y vivir tranquilamente. Dicho de otra forma, la presunción de inocencia para los uniformados, no existe. 

Efectivamente, la justicia en Colombia hoy por hoy, no es digna de la confianza de las FFMM. No hay que ir demasiado lejos, hace unos meses la máxima instancia en el país, la Corte Suprema, declaró “ilegales” las pruebas encontradas en el computador del tristemente célebre cabecilla Raúl reyes, incautado en el campamento por las Fuerzas Armadas; no obstante, haber sido recolectadas dentro de los protocolos que ordena la ley y avaladas por INTERPOL. ¿Olvida el máximo Tribunal, que fueron valerosos soldados y policías quienes pusieron en riesgo sus vidas para que la operación “Fenix” lograra su objetivo exitosamente? Solo faltaría que los comandantes militares que dirigieron la magistral misión, fueran enjuiciados en Colombia, tal como pretendió hacer en Ecuador aquel Juez lunático de Sucumbios, ¡Que desfachatez! Pero así mismo, que falta de coherencia; es lamentable y hasta hiriente la manera como algunos amigos de las FARC, posan de defensores de los derechos humanos e investigadores, y señalan con su dedo inquisidor más a los buenos que a los malos; sin embargo, visitan sin ninguna vergüenza a sus antiguos verdugos, presos en las cárceles del país y el exterior, para recolectar “pruebas” contra el gobierno anterior o sus aliados, esas si pareciera que tienen validez, porque la Justicia les sigue el juego.

En consecuencia, el glorioso Ejército de Colombia no está desmoralizado y jamás lo estará, tiene desconfianza en las instituciones judiciales, que es algo totalmente diferente. Recordemos estas palabras del Dr. Jean Carlo Mejía Azuero, enhorabuena Director de la Defensoría Militar, que sintetiza esta disyuntiva: “Lo peor de la guerra comienza cuando cesan los ruidos de los cañones y fusiles, lo peor de la guerra llega cuando aquellos que defendieron a su pueblo y su terruño, son conducidos sin derecho ni piedad ante los tribunales de la infamia. Olvidar esta evidencia histórica, es empezar a transitar el sendero de la pérdida de la libertad y advertir la muerte en vida”