El fuero militar, garante de la legitimidad y el honor castrenses

11 Dic 2014 - 12:01am

El fuero militar, garante de la legitimidad y el honor castrenses

Publicada por
PEDRO JAVIER ROJAS GUEVARA, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales
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Varios líderes de opinión en Colombia consideran que la ampliación del fuero militar es “jurídicamente inaceptable”. El periodista Antonio Caballero, en la revista Semana, refiriéndose a la iniciativa legislativa de ampliarlo, que ya naufragó en el Congreso, y que se presentó recientemente por tercera vez afirmó: “Pero ante todo es moralmente aberrante y no debiera ser acogida -y mucho menos impulsada- por los propios militares, porque es contraria a lo que ellos mismos llaman el honor militar”. Contrario a ello, la reforma a la justicia castrense es una necesidad urgente que no solo busca proteger jurídicamente a quienes profesan la carrera de las armas, sino que se constituye en garante y escudo que dignifica el honor militar.

Grave equivocación cometen quienes afirman que las Fuerzas Armadas colombianas tienden al desafuero, y que la justicia militar es sinónimo de impunidad; es decir, que para los militares colombianos, derechos esenciales como la presunción de inocencia y el debido proceso son inexistentes según los acérrimos críticos, pues dan por sentado que los excesos en la guerra son una práctica repetida por los uniformados a lo largo y ancho del país. Indudablemente, el bien más preciado del ser humano, después de la vida y la libertad, es su honor; ya lo decía de forma irrefutable Federico el Grande, rey de la antigua Prusia: “El honor militar es el más grande de todos los honores”.

Por otra parte, y abordando el tema de la legitimidad en las operaciones militares, surgen cada día nuevas disyuntivas en torno a la discusión sobre el fuero militar y una de las herramientas que coadyuvará positivamente, la denominada “defensa técnica”, entendida como la necesidad suprema de que haya una estructura jurídica fuerte, idónea y responsable, que permita garantizar a los miembros de la Fuerza Pública que cualquier situación que afecte su libertad será atendida efectiva y oportunamente en los ámbitos penal, disciplinario o administrativo.

Por lo tanto, tema recurrente y ampliamente discutido ha sido la existencia de un conflicto armado interno en Colombia. El Gobierno nacional dejó el asunto claro afirmándolo responsablemente, pues negarlo ha traído consecuencias que inciden directamente en la seguridad jurídica de los integrantes de la institución castrense.

En consecuencia, dicho reconocimiento les permite a los hombres en armas, dentro del marco del DIH y el Derecho de los Conflictos Armados, el uso letal de la fuerza, es decir, atacar militarmente objetivos lícitos, acatando los principios de proporcionalidad y necesidad militar.

Precisamente, un caso emblemático y difícil para la Fuerza Aérea Colombiana ha sido el de Santo Domingo en Arauca; valerosos pilotos afrentados en su honor militar por cumplir la misión de proteger a la población civil de los embates del terrorismo han sido condenados por la justicia. Una vez más, los tribunales internacionales manipulados por colectivos y ONGs proclives a los grupos guerrilleros, toman decisiones que afectan al Estado colombiano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso señaló como responsable al Estado por la muerte de 17 personas, entre ellos seis menores de edad, durante un combate con las Farc, ocurrido en diciembre de 1998.

En este sentido, es importante destacar que el actual Gobierno ha presentado tres proyectos de ley sobre la reforma al fuero militar ante el Congreso, el último en septiembre de 2014. Es un proyecto de ley coherente y ajustado a la necesidad militar; no obstante, se esperan fuertes críticas de diversas organizaciones, académicos e intelectuales, que han considerado de manera errónea que esta iniciativa apunta a la impunidad de miembros de la institución que infringen la ley.

En síntesis, existe una absoluta trazabilidad entre la compleja situación actual en Colombia, relacionada con la existencia plena de un conflicto armado interno y la necesidad urgente de un fuero militar sólido que propenda por el cumplimiento de la función constitucional de militares y policías, pero sobre todo, que garantice que su honor permanezca intacto.

Este artículo obedece a la opinión del columnista. El Nuevo Día no responde por los puntos de vista que allí se expresen.