Todos debiéramos estar indignados con la noticia de que la empresa española Técnicas y Proyectos S.A Typsa, ha resultado seleccionada para hacer la interventoría de las obras de infraestructura educativa requeridas para la implementación de la jornada única en los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá.
Saben a qué me refiero, a la empresa que resultó beneficiaria de la elaboración de los diseños y estudios para las obras de los Juegos Nacionales de Ibagué, envuelta en uno de los más grandes escándalos de corrupción de que se tenga noticias recientes.
Es bien conocido por la opinión pública que Typsa no cumplió satisfactoriamente el objeto del contrato para los Juegos Nacionales, que los diseños de las obras generaron los retrasos en su ejecución, pero lo más grave es que, según la Fiscalía, la empresa española intervino en delitos penales de cohecho, o coima y soborno porque dio dinero a servidores públicos que intervinieron en los procesos precontractuales y contractuales de los diseños de esas obras, por cifras que han sido ampliamente conocidas.
Por eso, resulta inaudito que se contrate para hacer la interventoría de millonarias obras de construcciones escolares, a quienes aparecen acusados de actos de corrupción administrativa. No puede ser que se contrate para ejercer funciones de interventoría de obras millonarias a quienes les corresponderá “Mantener informada a la entidad contratante de los hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”, es lo que dice la ley 80/93 sobre contratación (Artículo 84).
Probablemente, hasta ahora, Typsa no esté inhabilitada para desarrollar el contrato de interventoría porque aún no hay fallo definitivo sobre las investigaciones relacionadas con actos de corrupción en las obras de los juegos nacionales, pero no hay la menor duda de que sus antecedentes no son tan limpios como para que en Ibagué tal empresa sea la interventora de obras de infraestructura escolar por más de 200 mil millones de pesos, de ellos 60 mil millones que aportará el municipio como resultado del empréstito aprobado para el efecto por el concejo municipal.
Ya el concejo municipal ha hecho la llamada de alerta cuando le pide a la Ministra de Educación que revoque la adjudicación hecha a Typsa. Pero aún faltan muchas voces de protesta por este hecho.
Parece que se nos ha agotado la capacidad crítica argumentativa ante hechos de corrupción o de pronto los ciudadanos en general han llegado a la conclusión de que poco se gana con protestar.
Fuera del Tolima, no queremos nada con empresas que vienen a enriquecerse a costa nuestra.
Comentarios