El presidente Santos, antes de terminar su gobierno, tendría que estar dando solución digna al tema de la financiación del sistema escolar en todos los niveles, desde el preescolar hasta el de pregrados y posgrados en las universidades e instituciones de educación superior en general.
El modelo de financiación de la educación básica y superior ha entrado en estado crítico, cada vez más surgen documentos que confluyen en protestas. Se debe reformar el Sistema General de Participaciones y la ley 30 de 1992, en sus artículos 86 y 87 que se refieren a la financiación.
En el sistema de educación superior, la ley 30 de 1992, hace mucho tiempo es inapropiada para garantizar la financiación de los costos que demanda la oferta. Las movilizaciones que se realizaron en diferentes lugares del país en el curso de la semana anterior ponen en evidencia esta situación que merece que Colombia entera eleve la voz hasta la Casa de Nariño.
Hay situaciones de inequidad entre instituciones privadas y oficiales a favor de las primeras; no es justo, no es equitativo que el programa “Pilos paga”, se haya convertido en un instrumento de financiación estatal de las universidades privadas, no es justo que los mayores recursos de crédito de Icetex (organización estatal) en un 87.4 por ciento estén al beneficio de estudiantes matriculados en universidades privadas; no es justo que los recursos de Ciencia y Tecnología del sistema de regalías, se haya desplazado para financiar la construcción de carreteras.
¿Cuál es el concepto de justicia que se maneja en nuestro país?
Los datos sobre esta crisis son diferentes si los da el gobierno frente a los que dan organizaciones y directivos de la educación superior. Así, el Ministerio de Educación Nacional dice que desde el 2010 hasta el 2007 se han invertido 23 billones de pesos en Educación Superior y que el incremento de la inversión era de 2.24 billones en el 2010, lo cual pasó a ser de 3.26 billones en el 2017.
Los datos de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascún y del Sistema de Educación Superior Estatal, SUE, son distintos. El presidente de Ascún y rector de la Pedagógica, organismo que agrupa a todas las universidades, expresó en entrevista a CMI, “hoy necesitaríamos 13 billones de pesos para recuperar nuestra capacidad de ofrecer servicio educativo de calidad… es una situación asfixiante”.
Según la Ley 30, las transferencias que hace la Nación, se realiza con base en el Índice de Precios al Consumidor, siendo que los salarios del personal se hace con base en el incremento del salario mínimo, es decir que hay una diferencia entre uno y otro de 1.25 puntos porcentuales lo cual genera en gran parte el déficit de las universidades oficiales, así, el aporte de la Nación era de 10 millones 825 mil pesos por estudiante en el año 1993 cuando entró en vigencia la ley 30 y hoy ese aporte per cápita es de 4 millones 894 mil. Es un escándalo, al país en pleno se le está afectando, esto es altamente inequitativo.
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