Es muy profundo el vacío de conocimiento y capacidad de decisión efectiva que el Estado tiene sobre el tema de la “dosis personal”, porque configurándose como un gravísimo problema de salud pública en el país, no ha logrado impactar positivamente.
Es una situación dramática la que tienen que vivir cientos de miles de familias colombianas donde se padece la coadicción a cuenta del consumo de alguno de sus miembros que se expone además a episodios de violencia intrafamiliar, abandono, mal ejemplo en la formación y hace parte de uno de los factores más recurrentes que inciden en el deterioro familiar y en la separación de los cónyuges.
Las campañas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas parecen inexistentes y el acompañamiento de muchas familias a sus hijos no es el adecuado cuando niños, adolescentes y jóvenes de todas las edades tienen acceso a sustancias psicoactivas sin que sus padres lo sospechen. Los expendedores buscan el lugar que frecuentan chicos y grandes.
Se convierte cada día el flagelo en un crítico problema de salud pública, que no encuentra solución porque el sistema legal está lleno de vacíos que se convierten en el arma más valiosa para que los delincuentes ganen todas las audiencias a las que son sometidos.
¿A quién le importa el presente y el futuro de tantas y tantas familias colombianas que padecen la tragedia de la drogadicción? ¿Dónde está la responsabilidad del Estado? Es tiempo de convocar a distintas instituciones legitimadas para aportar en la búsqueda de soluciones y disminución del consumo de psicoactivos, de prevención, para que Colombia no siga perdiendo nuevas generaciones a causa de enfermedades mentales producto del consumo de drogas psicoactivas.
Basta ya de la retórica equivocada sobre la inocuidad del consumo de marihuana, está demostrado clínicamente que quienes son adictos consuetudinarios de este tipo de sustancia pueden caer en demencia, trastornos emocionales, cognitivos, entre otros, como lo señala la Organización Mundial de la Salud.
El propósito de evitar la criminalización de quienes consumen marihuana, debe convertirse en una política pública que garantice la tranquilidad de estos enfermos y en consecuencia compren su dosis donde se venden las medicinas, en las farmacias con previa prescripción médica. El Estado muchas veces convierte en “más caro el remedio que la enfermedad”, por ello hay que delimitar y poner fin a una desventura social donde las víctimas no solo son las familias, lo es y será el país entero.
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