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Ante la violencia diaria contra nuestros niños, al proyecto de ley que ya ha superado la aprobación del Senado, le faltó ser taxativo y aplicar la máxima pena a que haya lugar, sin rebaja de condena y todo aquello que se considere constitucional para el castigo, solo así, se estará demostrando interés real del Estado por la infancia y adolescencia.
Pero, adicionalmente y como una propuesta inmediata, hay que preguntar: ¿Qué se piensa simultáneamente hacer desde el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud, de Justicia, para impactar la formación de cada ciudadano, para prevenir el abuso en todas sus dimensiones? ¿Cómo alfabetizar a la familia para que se entienda la importancia de prevenir y proteger a cada uno de sus hijos?
Los fines de la Educación claramente expresados en la Ley 115 de 1994, en su artículo cuarto expresa “La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”.
Evidentemente hay un incalculable problema que debe afrontar el Estado, la sociedad y la familia.
Es patológico el abuso contra nuestros niños en el país, basta con hacer una revisión documental para darse cuenta de las escabrosas noticias referidas a casos de violencia de todo orden contra la infancia; tal es la situación que la ONG Save de Children Colombia, en su informe del año 2017, precisa que Colombia ocupa el cuarto lugar con las tasas de homicidio infantil más altas del mundo, después de Honduras, Venezuela y El Salvador.
Según el informe, Colombia se ubica en el puesto 118 entre los países del mundo que menos respetan los derechos de la niñez, el país ocupa el quinto lugar donde los niños sufren más el conflicto armado en el mundo. Hasta mayo de 2017, más de dos millones de niños y adolescentes se han visto obligados a abandonar sus hogares por esta razón.
Los medios de comunicación guardan el acervo documental sobre las peores noticias de la violencia contra nuestros niños y adolescentes, bien podría hacerse una historia de terror que tiene como actor social principal nuestros niños, asesinados a manos de sus padres, padrastros, amigos, familiares, extraños que los han violentados sexualmente, balas perdidas que llegan a ellos, reclamos entre adultos que finalizan en asesinatos contra niños y una serie de cifras que producen escalofríos ante la mirada inerte del Estado, que se ha conformado con la sanción del Código de la Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006.
Dicho Código se divide en 3 libros: La protección integral, la responsabilidad penal para adolescentes, Inspección, vigilancia y control del sistema nacional de Bienestar Familiar, y políticas públicas. Este es el sistema jurídico que establece las normas para la protección de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, el país continúa siendo noticia por los vejámenes contra los seres más indefensos, que merece todo tipo de protección, la justicia se ha quedado sin argumentos ante hechos que le dan la vuelta al mundo a través de diversos estudios y que hacen pensar en la urgencia de generar penas tan fuertes como el hierro, pero además reiniciar la formación permanente en el respeto por la vida y los derechos de cada ser desde su concepción.
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