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Es grave en nuestra ciudad observar el irrespeto de unos a otros, de la falta de educación en todos sus órdenes, del mal trato por la incapacidad de comprender que los derechos de unos finalizan donde comienzan los de los otros y que todos como ciudadanos en un Estado Social de Derecho cuentan con las mismas garantías y libertades.
Son muchos los casos que afectan a diario a nuestros habitantes, pero me voy a referir en esta oportunidad a una crítica situación que afecta una zona residencial del barrio La Pola, aledaña al Ibal y donde hoy funciona una oficina de Gestión Ambiental, exactamente en la carrera 2B con calle primera.
Diariamente hay invasión del espacio público, que impide el desplazamiento de los vehículos de los habitantes del lugar. Los visitantes que llegan al Ibal, irrespetan los parqueaderos de los dueños de apartamentos, obstaculizando la salida de los carros, con los suyos.
Lo grave del asunto es que se evidencia todo tipo de violación a los derechos ciudadanos, desconociendo el Código de Policía, burlando las normas, configurando mal trato a los propietarios de las viviendas y con ello, irrespeto a la dignidad humana.
Hay indiferencia de las autoridades policivas, el 123 se convierte en una burla para el ciudadano, jamás han acudido ante llamados que se refieran a este tipo de situaciones.
La intervención de las autoridades es inminente, la Administración municipal está en deuda con las vías de esta zona, con la señalización y prohibición de estacionamiento de vehículos que invaden el espacio público.
No se puede olvidar que hay que dar ejemplo y aplicar las normas de manera general, de lo contrario la arbitrariedad de las mismas pone en riego los derechos ciudadanos.
A cientos de conductores en la ciudad le ha correspondido pagar la grúa, el parqueadero y la multa por invadir el espacio público. Todo esto con el fin de preservar el control urbano y el adecuado uso y disfrute del espacio público de los ciudadanos.
Entonces, no sería necesario recordar que ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes se convierte en una multa tipo 1, que corresponde a $98.360. Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente es una multa tipo 4, de $786.880.
Del mismo modo se incluyen sanciones por usar o destinar un inmueble para uso diferente al señalado en la licencia de construcción y contravenir los usos específicos del suelo. Como ocurre con la oficia de Gestión Ambiental del Ibal que funciona en la dirección ya citada.
Además habrá multas por facilitar, en cualquier clase de inmueble, el desarrollo de usos o destinaciones del suelo no autorizados en licencia de construcción o con desconocimiento de las normas urbanísticas sobre usos específicos.
En este caso la sanción es la demolición de obra, construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento del inmueble. Las multas para estas infracciones van de $3.688.585 a $8.852.604 en los estratos 1 y 2; de $5.901.736 a $14.754.340 en los estratos 3 y 4 y de $11.065.755 a $18.442.925 en los estratos 5 y 6, tal como lo señala el Código de Policía vigente.
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