La crisis financiera de las universidades estatales

Indira Orfa Tatiana Rojas Oviedo

El Sistema de Educación Superior Estatal (SUE), del cual hacen parte las 32 universidades oficiales y entre estas la Universidad del Tolima, están abocadas a la que se califica como una crisis estructural de financiamiento que les dificulta su normal funcionamiento.

Porque el modelo financiero de la Educación Superior oficial, establecido por la Ley 30 de 1992, ya es inapropiado porque congeló los aportes estatales a partir del año 1992 y los supeditó al crecimiento del Índice de Precios al Consumidor, IPC, hasta el punto de que ahora cada institución debe asumir en un 45 por ciento los gastos de funcionamiento e inversión. Las universidades, están supeditadas a los recursos propios que puedan lograr particularmente de los provenientes de las matrículas y la venta de servicios técnicos.

En el momento de aprobar la Ley 30 de 1992, no se tuvo en cuenta el crecimiento de la cobertura ni las exigencias del sistema nacional de acreditación de la calidad. La matrícula en las universidades estatales se ha incrementado en 417 mil 175 estudiantes adicionales a los 159 mil 218 de 1993. Ello ha exigido la ampliación de la planta física y de la dotación, mayor número de profesores y el cumplimiento de exigencias de calidad educativa que comienzan con las establecidas en el registro calificado para la oferta de cada programa académico y las de la acreditación de alta calidad de programas académicos e instituciones. Los costos de calidad son elevados y entre ellos los de cumplir con el eje misional de la investigación científica.

Entonces, es urgente la modificación del artículo 86 de la Ley 30, con lo cual se debe cambiar el sistema de transferencias de la Nación para el funcionamiento de las universidades estatales.

La asamblea de rectores del Sistema Universitario Estatal en su última reunión en Cartagena, solicitó al Congreso recursos adicionales para el 2019, por 500 mil millones de pesos, lo cual implicaría modificar el proyecto de presupuesto de la Nación que está en proceso de aprobación para el mencionado año, porque se calcula el “hueco fiscal” de estas universidades en la suma de 434 mil 874 millones de pesos. Se habla de un déficit acumulado de 3.2 billones de pesos para funcionamiento y de 15 billones para inversión. Es tal la magnitud de la crisis financiera de las universidades que los rectores están de acuerdo en que el programa Ser Pilo Paga no debe continuar como opera en la actualidad.

El Presidente de la República anuncia para el 20 de octubre próximo, la presentación de la nueva política de educación superior que incluye tres temas centrales: La gratuidad progresiva a estudiantes de estratos socioeconómicos bajos, el “fortalecimiento de recursos de funcionamiento e inversión”, y un programa de reconocimiento del desempeño de los mejores estudiantes del país, para remplazar Ser Pilo Paga.

Estamos atentos a la decisión oportuna y racional del Estado, ante esta emergencia en la educación superior.

tatianarojasoviedo34@gmail.com

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