El pueblo colombiano está absolutamente hastiado de la corrupción, no soporta una noticia más sobre los delincuentes de cuello blanco y mucho menos saber que los proyectos anticorrupción en buen porcentaje, están a punto de recibir su muerte indigna, algunos de éstos, presentados como para que no surtan efecto.
Ya no se sabe si Colombia cuenta con un Congreso competente y preparado para cumplir las funciones para las cuales fue electo o también con algunos proponentes que estratégicamente se equivocan para que no haya modificaciones y se continúe por el mismo camino.
Es grave por ejemplo que la Cámara haya hundido el proyecto para que no haya más de tres períodos en corporaciones públicas; que se congelen los salarios de los parlamentarios, es otro de los proyectos que va rumbo al cementerio, pues ya se declararon impedidos el 98 por ciento de los representantes; la obligación de publicar la declaración de renta pareciera que hubiese generado gran angustia y hay una timidez absorta que cae en la paquidermia para avanzar en el mismo.
¿Qué pasa con los restantes 8 proyectos que hacen parte de los 11 que deben modificarse por el bien del país, que ha tenido que padecer la corrupción en todos los campos y hoy se enfrenta a un “Proyecto de reforma de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional” y el desequilibrio de miles de hogares colombianos que tendrán que pagar la incompetencia de los distintos gobiernos para frenar la corrupción. No sería necesario afectar hasta la canasta familiar de la población con nuevos impuestos que no tendrán reversa, porque jamás se ha reformado para holgar la economía de los colombianos, porque se cree que los discursos de campaña son suficientes para permear las mentes y almas de los electores.
Posteriormente las promesas se convierten en parte de la historia porque hay otras prioridades, porque es más importante lograr las reformas tributarias para evitar que el país se hunda en el caos económico, que frenar el más grave de los cánceres de Colombia, la apropiación de los recursos del Estado para beneficio de los individuos. ¿Quién hará respetar lo público?
Colombia espera una reforma anticorrupción, que quienes legislan obren en búsqueda del bien común y se preparen y asesoren antes de presentar proyectos que de antemano morirán porque podrán ser mal planteados. Pero habrá que buscar razones legales para los ajustes necesarios ante la imposibilidad de hacer las cosas bien desde el primer momento, como un principio de calidad y competencia que deben ostentar los legisladores. Esperamos no quedar burlados ante el grito unísono de la reforma anticorrupción.
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