El temor a la corrupción electoral

Indira Orfa Tatiana Rojas Oviedo

Estamos a sólo 76 días del próximo evento electoral del 27 de octubre. Se debe decir que el tema electoral y de la política en general, aparentemente no le interesa a todos los ciudadanos aptos para votar en estas elecciones en las que se elegirá un nuevo gobernador, los alcaldes para los 47 municipios del departamento y los miembros de las corporaciones con las cuales se pretende ampliar la participación de los ciudadanos en las decisiones sobre el gasto de recursos estatales, principalmente, diputados y concejales, entre otros.

El interés por el acceso al poder político que da el hecho de ser elegido para el un cargo en el ejecutivo o en el legislativo, crece día a día y se hace evidente en la cantidad de candidatos que se han inscrito para participar en las elecciones del 27 de octubre. La gama de candidatos es amplia, los hay de todas las tendencias políticas y de características personales variadas, hasta el punto de que el elector tiene problemas al pensar por quién votar.

Es inaudito que cada vez más resulta costoso asumir una campaña electoral. Circula la hipótesis de que a mayor dinero disponible de un candidato para realizar la campaña electoral, mayor opción de que se esté recurriendo a recursos y estrategias que fácilmente pueden estar en el ámbito de la corrupción electoral. Porque surge el interrogante: ¿De qué manera recuperará la inversión en la campaña electoral, un candidato que gasta dinero sin recato? ¿Será que se puede repetir “que el que paga para llegar, llega para robar? Por que de otra manera, ¿cómo se recuperan los ríos de dinero que en muchos casos de derraman?

Como es normal, existen las normas del Código Penal en las cuales se tipifican los delitos electorales posibles, inclusive se pasó de once a 16 el número de éstos. Pero el hecho de que existan las penas correspondientes para cada delito electoral, no garantiza, por sí solo, un evento electoral exento de fraude, con prácticas electorales como la compra de votos, la alteración de resultados, la corrupción al sufragante, el tráfico de votos, la violación de topes en el gasto, el constreñimiento al sufragante, el trasteo de votos, entre muchas otras prácticas.

La Misión de Observación Electoral, MOE, ha llamado la atención sobre por lo menos 15 municipios donde hay riesgo de fraude electoral y trasteo de sufragantes. Problema que principalmente afecta a los municipios de Icononzo, Suárez y Piedras y en un segundo nivel de riesgo, está Ibagué.

¿Qué hacer entonces? Queda abierta la ventana de la denuncia. Porque es inadmisible que no pongamos la vista y los oídos a posibles casos de corrupción electoral.

Los invito a todos a que denuncien, tomen la foto, graben, pero no se queden callados, ¡no más impunidad en un Estado social de derecho!

tatianarojasoviedo34@gmail-.com

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