No más corrupción en el plan de alimentación escolar

En el año 2018, Edgardo Maya Villazón, contralor de la época, divulgó que se avanzaba en 154 procesos relacionados con delitos en el manejo de los recurso PAE, contra cinco gobernadores, siete exgobernadores, ocho alcaldes y 45 exalcaldes, (Revista Semana, agosto 16, 2018).

A la fecha, el tema no ha dejado de hacer parte del debate público y de los estrados judiciales, sin embargo no pareciera ocupar un lugar relevante cuando poco se ha logrado para garantizar el proyecto en las condiciones que se pactan y no con fines de lucro para inescrupulosos y delincuentes de cuello blanco.

Dentro de las irregularidades más recurrentes, se encuentra el sobrecosto en el suministro alimentario, que conlleva al descuido y abuso de los recursos del Estado y al incumplimiento del principal objetivo, la nutrición de los niños de estratos socioeconómicos más vulnerables del país.

Un país, donde según la Unicef, uno de cada tres niños vive en condiciones de pobreza multidimensional y en consecuencia llegan a la escuela con necesidades básicas insatisfechas en todos sus órdenes, encontrando una alimentación escolar subnormal, en condiciones indignas, con raciones por debajo de lo pactado con el Estado y en muchas oportunidades sin las garantías de asepsia que el protocolo exige. Esto es injusto, aberrante y desnaturalizado.

Una investigación realizada en el mismo año que se generó el pico más alto de denuncias penales por el caso, precisa la carencia en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en diversas instituciones educativas de Ibagué, donde no todas las veces hay cumplimiento en la entrega de lo registrado en la minuta diaria, falta control en las fechas de vencimiento de los productos alimenticios, infraestructura inadecuada y precaria, entre otras omisiones.

Es inaudito que los padres de familia no reclamen, ni exijan las condiciones necesarias, continuamos con un tejido social roto frente al conocimiento de los derechos.

Que al año 2018 en Colombia se contabilizaran 84 mil millones de pesos despilfarrados por cuenta del mal uso en la contratación del PAE, que se ha convertido en uno de los mayores campos de acción de los corruptos, debe generar indignación nacional y solidaridad para que se prepare a los actores sociales correspondientes, para que conozcan qué pueden y deben reclamar y denunciar, más aún, cuando la nutrición de los menores de edad está en juego.

Hay normas suficientes para sancionar actos de corrupción, sin embargo, se sigue a la espera de muchos fallos. Es hora de que nadie se quede callado, todos los ciudadanos intervengan denunciando actos de corrupción por pequeños que sean.