El 2016 está a punto de expirar y será un año que no pasará a la historia en la lucha contra la corrupción, tema que siempre está en los propósitos de todas las entidades tanto públicas como privadas, nacionales, regionales y locales. En este año la lucha se sigue perdiendo, a pesar de los compromisos adquiridos en la Cumbre Mundial Anticorrupción que se celebró en mayo en Londres.
El Congreso de la República aprobó la reforma tributaria, una reforma que busca mayor recaudación ante el déficit fiscal y la falta de recursos del Estado, paradójicamente billones de pesos del erario se pierden en actos de corrupción que sorprenden cada vez más a los colombianos por la manera descarada como aún se siguen desviando dineros para engrosar los bolsillos de unos cuantos.
No están siendo efectivas las políticas de control y persecución a los corruptos. El lema “lucha contra los corruptos” se viene escuchando desde que tenemos memoria, pero en realidad las entidades públicas se siguen desangrando y no se ve un avance en el alivio de la enfermedad.
Recientemente el Contralor General de la República, cuya labor ha sido importante en esta tarea, declaró que la entidad que dirige tiene limitaciones legales para prevenir actos de corrupción, lo que reduce en gran medida los controles previos y estos se hacen cuando ya se ha generado el daño.
La cifra es alarmante: la Contraloría reveló que actualmente se adelantan cinco mil 431 procesos de responsabilidad fiscal por desfalcos que alcanzarían un valor de 12 billones de pesos, dineros que seguramente no podrán ser recuperado.
Si la situación en la administración central es difícil, en las regiones es crítica. Las prácticas de corrupción ya se tienen como actos normales, al punto que muchos contratistas destinan una partida para entregar al servidor público que tiene la facultad de adjudicar el contrato.
También el Fondo Monetario Internacional calculó en dos billones de euros anuales el costo de la corrupción que desangra a muchos países, entre ellos Colombia, capitales que podrían solucionar muchos de los problemas sociales de varias naciones.
Según el índice de percepción de corrupción, publicado por la organización Transparencia Internacional que avalúa a 168 países para establecer una tabla de los Estados con prácticas transparentes, la situación en Colombia ha seguido igual de crítica. Durante 2012, 2013 y 2014 Colombia ocupó el puesto 94 y aunque en 2015 hubo cierto avance, ubicándose en el puesto 83, la corrupción no ha dejado de ser un flagelo que golpea las finanzas públicas. El resultado de 2016 será publicado en enero próximo.
Se viene 2017, el mal está identificado y diagnosticado desde hace muchos años, sabemos que los recursos que se pierden por el desfalco a las entidades públicas e incluso, aquellos que no se recaudan por culpa de la evasión de impuestos serían suficientes no solo para cubrir el déficit fiscal, también para responder a problemáticas de educación, salud, desnutrición, infraestructura vial, vivienda o tantos más que aquejan a los colombianos. El tema es complejo, pero se debe iniciar con una decidida voluntad política de todos los estamentos para combatirlo. Ojalá 2017 no pase desapercibido en la generación de una cultura de transparencia en todas las prácticas de las entidades públicas.
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