A pesar del proceso de paz con las Farc, que buscaba acabar con el principal foco de violencia en muchas regiones, la realidad es que hoy los grupos de delincuencia están librando una guerra brutal para obtener el control de extensos territorios, apetecidos por la riqueza que generan actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
De los movimientos de bandas al margen de la ley no se escapa el sistema electoral, por eso las advertencias sobre el riesgo que existe en las próximas elecciones regionales, cuando podrían llegar a los cargos de dignatarios de los municipios y gobernaciones personas apoyadas por organizaciones armadas ilegítimas. La labor de las autoridades para prevenir la comisión de delitos contra el sufragio será primordial para garantizar la transparencia de los resultados.
En la lucha por el territorio se entiende que tener a su favor el gobierno local no solo facilita las operaciones delictivas, también pueden acceder a la jugosa torta que representan los recursos públicos, por eso están en riesgo cerca de 20 billones de pesos de unos 130 municipios catalogados como vulnerables.
La dificultad de los organismos de seguridad para controlar la situación está relacionada con el número de votaciones, la Registraduría reportó 3.306 a realizarse el 27 de octubre, todas con características disímiles, determinadas por la complejidad del territorio, diferencias culturales que influyen en las elecciones y la presencia de grupos ilegales.
Este contexto no es nuevo. La influencia de la guerrilla y autodefensas en las jornadas electorales ha sido grande, pero hoy existe una condición especial por la proliferación de estructuras de delincuencia en la que cada banda busca tener el poder en la región, no obedecen a un mando centralizado.
Desde hace muchos años han surgido propuestas que permitirían mayores garantías, como una manera de dar transparencia a un ejercicio que es trascendental en un estado democrático, de allí depende que haya buenos dirigentes gestionando adecuadamente los recursos estatales para evitar la corrupción.
Una de esas acciones que evitaría muchas de las prácticas fraudulentas es el voto electrónico. La legislación colombiana incorporó la implementación de dicho mecanismo, la ley 892 de 2004 señaló que antes del 2009 tendría que estar funcionando, posteriormente la Ley 1475 de 2011 estableció que máximo en las elecciones del Congreso de 2014 se ejecutaría, pero hoy ni siquiera se habla de la posibilidad de que este dispositivo sea una realidad. La falta de presupuesto siempre surge como argumento para no cumplir con las disposiciones.
Otra de las medidas para evitar la suplantación es incorporar a la firma que se debe hacer al momento de votar, la huella digital. El Consejo Nacional Electoral emitió una resolución en ese sentido, pero nuevamente los recursos y problemas logísticos dificultarán que se aplique en las próximas elecciones.
Todo parece indicar que habrá que apelar al buen juicio y compromiso de los ciudadanos para que no se dejen tentar ni caigan en las reiteradas prácticas fraudulentas, para ello hay que tener en cuenta que inscribir la cédula para votar en un lugar distinto al de residencia se penaliza con prisión de 4 a 9 años.
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