El imperio del cinismo

Sigue diciendo el magistrado Pretelt que él no renunciará. Y que si él se va –cosa que es poco probable-, entonces se van todos. “O todos en la cama o todos en el suelo”, como reza un dicho popular, que podría complementarse con otro: “Pilas, que si me siguen provocando, halo el mantel y se cae todo lo que hay en la mesa”. 

Entonces viene a la mente el pésimo ejemplo que le dio Ernesto Samper al país, cuando dijo que ahí estaba y ahí se quedaba, a pesar del ventilador que lo enlodó a él y a su círculo más cercano, cuando a su campaña a la Presidencia entraron millones de dólares de los narcos del Cartel de Cali. “Si a todas las campañas han entrado dineros de los narcos, ¿por qué vamos a pagar nosotros?, ni bobos que fuéramos”, dijeron los samperistas más furibundos y más cínicos.

Pero eso fue superado por las cosas tan espantosas que sucedieron en el gobierno de Uribe –otro ex samperista- cuando buena parte de sus amigos y colaboradores cercanos terminaron en la cárcel, por vínculos con los paramilitares –que mataron, masacraron, torturaron, violaron, abusaron y reclutaron a miles, desplazaron y despojaron a millones y que narcotraficaron- y él se quedó tan tranquilo, como si la cosa no lo tocara y no tuviera responsabilidad por escoger a sus aliados. 

Lo anterior explica por qué hablan en voz baja los que dicen “pobre Pretelt”, pues aquí todos están untados, la justicia está podrida, los que llegan al Gobierno roban y la culpa no es sólo del abogado cordobés, militante del Partido Conservador, propietario de tierras –inclusive algunas despojadas a campesinos en el pasado-, ex vicerrector de una universidad muy rentable y amigo cercano del ahora senador Uribe. Por esa vía se difuminan las culpas. “Todos son culpables”. “El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra”. Y, a ese paso, nadie paga por nada.

Las palabras de Pretelt despistan y confunden. Por un lado, se defiende como un león en los micrófonos de la radio, alegando su inocencia y al mismo tiempo él, como magistrado de la Corte Constitucional, dice que sacará a su familia del país, porque es víctima de la persecución de la justicia y de un Fiscal General desbocado y ambicioso. Y, por otro, abre la remotísima posibilidad de irse, pero advierte –en tono de chantaje- que entonces se van todos, porque él ha hecho lo mismo que hacen sus demás colegas, a quienes les conoce sus guardados.

Después vuelven a ventilarse los roscogramas nacionales (de los regionales nunca se habla). La casi interminable lista de familiares, amigos y recomendados de los magistrados de las altas cortes con cargos y contratos en la Fiscalía, en la Procuraduría y en la Contraloría, para no hablar de otros órganos o de las dependencias del Gobierno nacional. Esos puestos que generan una cadena de clientelismo y agradecimientos mutuos, que luego empañan eso que aquí –que nos quejamos de la impunidad- llamamos tan pomposamente la “majestad de la justicia”. 

Entre tanto, Pretelt vuelve a la Corte Constitucional, después de su licencia de dos semanas. Y sigue amparado en esa máxima del cinismo colombiano del “es que usted también”.

Esa expresión es la que les permite a Pretelt eludir su responsabilidad ética y legal, con el argumento mendaz de que muchos otros que han hecho cosas parecidas o peores no han respondido. “¿Por qué tengo que asumir yo la culpa de tantos?”, se preguntarán él y quienes lo justifican.

En medio de todo este espectáculo y de los anuncios del Gobierno nacional, de que ahora sí vamos a tener –como por arte de magia- una rama judicial pulcra y respetable, surge la pregunta de si seremos capaces de tener algún día una justicia que genere confianza, cuando el país está cercano a concluir más de medio siglo de conflicto armado interno.La pregunta no es de poca monta. Al fin y al cabo, después de una guerra como la que hemos padecido en este país, donde se ha labrado un imperio del cinismo, lo único que podría garantizar que los colombianos podamos resolver pacíficamente nuestras diferencias –sin matarnos- es un sistema judicial fiable. Un sistema donde los fiscales, los jueces, los magistrados y los empleados de la rama judicial sean honrados, no se vendan ni se compren y tampoco se enriquezcan cuando llegan a esos cargos.

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