Según los últimos datos a la fecha, en Colombia, por lo menos mil accidentes de tránsito han ocurrido donde hay involucrados borrachos al volante. Los accidentes han dejado a 324 personas muertas y heridas a mil 340, aproximadamente.
Se calculan que una cifra superior a los 160 mil millones de pesos se han impuesto en comparendos a conductores borrachos, de los cuales se han pagado cerca de 70 mil millones. Ello por violar ley 1693 de 2013.
Para las autoridades la nueva Ley es un gran triunfo porque las cifras de muertos, heridos y accidentes de tránsito han disminuido, por lo cual se demuestra que los colombianos temen más a la sanción al bolsillo que ir a la cárcel. Eso podría ser parcialmente cierto, pero si fuese así hoy el número debería ser muy inferior a los de los otros años.
Lo que pareciera suceder es que con el actuar de la justicia y la blanda postura de algunos jueces y fiscales cuando se trata de condenar o de acusar a los irresponsables borrachos matones al volante, la gente ya está comprendiendo que puede seguir conduciendo borracha, pagar las multas e irse a la casa. Esto por razones sencillas: hoy en día son poquitos los conductores borrachos irresponsables matones al volante que están en la cárcel condenados a más de diez años, como lo pretendió inicialmente la Ley; la mayoría está libre o en la casita con la familia gozando, riendo a carcajadas y disfrutando.
También, porque se arregla con la justicia para acogerse a la pena, tener casa por cárcel, ser condenado a 29 meses de prisión y listo; los muertos y el dolor de las familias de las víctimas pal carajo. ¡Excusas! para el perdón, la reconciliación y el olvido, tan de moda en estos días.
Los borrachos, quienes parecen pensar más rápido y más lógico que algunos jueces y fiscales, ya descubrieron la inoperancia de éstos y de todo el sistema. Igualmente, por la actitud de los mismos operadores de la justicia que no los quieren privar de la libertad de inmediato y, por eso, es mejor que ellos se presenten 15 horas después de los hechos o al otro día para las pruebas de rigor, lleguen con abogado a bordo y con actitud de esperar la medalla al mérito cívico por buen comportamiento que dé nuestro aparato judicial, por haber tomado esa decisión autónoma, libre, soberana y pensada de embriagarse sabiendo que deben conducir un auto o una moto.
Recordemos el caso de Fabio Salamanca, que embistió a un taxi y mató a dos pasajeras que iban para su casa luego de trabajar y dejó paralítico a Johan Iván Cangrejo, el conductor del taxi quien también estaba trabajando y buscando el sustento para su familia y no embruteciéndose de alcohol como él; fue condenado a cinco años de prisión y con todas las rebajas que ello implica, de pronto para la Navidad de 2016 ya estará comiendo natilla, buñuelos, tomando guaro en la casa y por qué no, otra vez conduciendo.
Ahora está en boga el caso de Ernesto Manzanera, quien ocasionó el accidente de la calle 134 en Bogotá, dejando muertas a cuatro personas de una misma familia que iba de Boyacá a Soacha, para una cita médica. Huyó del lugar, apareció 16 horas después perfumado, arregladito, con cara de yo no fui y acompañado del abogado para ver si se llega a algún acuerdo con la justicia rapidito.
Lo cierto es que el mensaje público de la justicia y de sus autoridades está muy mal enfocado, es como decir “adelante, emborráchense, conduzcan, maten que luego se arregla con poquito”. Es necesario recordar a esos servidores públicos que su mamá, su familia, sus hijos, sus amigos, también son usuarios de las calles donde andan los conductores borrachos y que ojalá no se topen con ninguno de ellos.
¡Ah! Y le cogió la tarde a nuestras autoridades locales y regionales para haber lanzado una campaña de conciencia ciudadana para evitar que la gente tome y conduzca en estas festividades navideñas que comienzan oficialmente mañana.
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