A partir de ayer los colombianos ya no tendremos Plan Obligatorio de Salud o POS, por la entrada en vigor del artículo 15 de la Ley Estatutaria en Salud. En teoría se dice que los afiliados al sistema de salud tendremos derecho a todo lo que el médico prescriba, que se acaba con los servicios de primera o de segunda o mejor con pacientes de primera y de segunda en salud, dependiendo de si pagan o son subsidiados.
Pero como siempre, al parecer el Ministerio de Salud, en cabeza de Alejandro Gaviria, está haciendo unas interpretaciones erróneas de la norma y de la sentencia C-313 de la Corte Constitucional al respecto y que en últimas pretendía devolver la salud como un derecho y no como un servicio, así como dar autonomía a los médicos y a los pacientes en el sistema.
Pero el problema es que muchos medicamentos son formulados para lo que los médicos llaman usos secundarios, que no tienen registro; se calcula que en la actualidad más del 50 por ciento de los medicamentos formulados no tiene tal registro.
Así mismo, los propios médicos contratados por las EPS e IPS comentan que podría presentarse todo un proceso de intimidación para que no prescriban muchos medicamentos o ciertos medicamentos que no les dejen mucha utilidad a las prestadoras o promotoras de salud, y en caso de hacerlo podrían ser incluidos en una especie de ‘lista negra’ para no ser contratados más. Dicho control llega a través de un aplicativo que quienes conocen de salud llaman Mipres, que se supone es al que ingresa el médico directamente en la consulta y entrega al paciente, para hacerlo más expedito, pero que en realidad está sirviendo de control e indicador del gasto médico y controlar sus decisiones.
Y en últimas quien pierde es el paciente, porque el médico por un lado no quiere ser vetado en su autonomía y decisión, por lo cual podría entonces no formular a través de dicho sistema en línea, para no subir el indicador del gasto, dejando al paciente sin un tratamiento adecuado, o formularlo pero sin incluirlo en el sistema, generando un subregistro. Cosas a las que ni Santos ni el ministro Gaviria se han referido. Es un silencio cómplice y cobardón en favor de las farmacéuticas y las EPS.
Según se ha conocido recientemente, son pocas las llamadas juntas de salud conformadas por los prestadores que permitirían que ejerzan autorregulación sobre la prescripción y las decisiones médicas para tratar de mantener un equilibrio entre derecho de los pacientes, autonomía médica, finanzas del sistema y las EPS. Creo que dos años había dado la sentencia de la Corte para conformarlas y entiendo que muy pocas hay hoy. Pregunto ¿habrá en Ibagué algunas ya conformada por las EPS e IPS que tenemos en la ciudad? No creo. Y eso que tenemos un Alcalde médico, exsecretario de salud de Bogotá, exviceministro del ramo. Esperamos que alguito haya hecho. Además de la concebida habladera y peleadera pública.
Como si todo lo anterior fuera poco, se tiene ya claridad de que a estas alturas, en vigencia de la nueva Ley, no existe información unificada en el propio sistema de salud, eso sigue siendo una caja negra. Para colmo, las asociaciones médicas vienen descubriendo que, de forma silenciosa y como ladrones nocturnos, el gobierno Santos con su interpretación errada de la Ley comenzó a restringir derechos a los pacientes, sin dejarlo como centro de la normativa, retrocediendo en los logros avanzados en los últimos años vía tutela. Lo que sí hay hasta el momento es un gran conejo a los colombianos.
Definitivamente entre más se sabe de lo que “hace” el Ministro de la Salud de Santos por el derecho a la salud de los colombianos, más quiero a mi perro Kevin.
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