No creo haber encontrado mejor palabra que resuma lo que vive el país en estos momentos, que la del titular de esta columna.
Estamos realmente metidos de cabeza en lo más podrido de lo podrido. El panorama no podría ser peor. Se comprobó que los dineros corruptos de Odebrecht se repartieron a diestra y siniestra entre políticos de todos los pelambres y partidos. Que las dos campañas presidenciales de Santos también se beneficiaron, la de Zuluaga ni se diga.
Que en la Fiscalía, las altas cortes y quizás también ahora aparezca que en la Procuraduría y la Contraloría, los procesos se arreglan según tarifa millonaria al asno corrupto en turno. Que los ministros y ex ministros toman decisiones de interés personal en beneficio de los negocios y empresas de sus familias.
En fin, qué pasará cuando sigan bajando dichos descubrimientos sobre el festín de compra de procesos de los señores del maletín en nuestros centros de poder regional como Gobernaciones o Alcaldías, concejos, asambleas, contralorías departamentales, personerías o procuradurías.
Que la platica producto del secuestro, la extorsión, el robo descarado a campesinos y comerciantes de las Farc no será para las víctimas o para devolverla a sus legítimos dueños, si no para que ellos puedan vivir, hacer campaña política y tener su centro de pensamiento político. Eso es absurdo.
Por otro lado, que por pura conveniencia política nuestra izquierda se hace la de la vista con los desmanes, asesinatos, el hambre, los abusos que se comenten en Venezuela. Petro, Piedad, las claras presidenciales–que por su trasegar nos han mostrado que son más bien bastante oscuritas- Cepeda y Robledo, calladitos o disimulando su postura con la ya manida autodeterminación de los pueblos para no tener que seguir mostrando que están de acuerdo con Maduro y sus traquetos.
De la derecha ni gastemos caracteres, porque para qué. Por eso, sí, sí y mil veces sí a la pena de muerte tanto a corruptos como a violadores de niños. También a acabar con ese contubernio de que los jueces y magistrados se nombren a sí mismos, que el Presidente terne, que el Congreso escoja; que el Procurador, Fiscal, Contralor y Auditor general nombren a familiares de magistrados de la rama judicial en cargos en sus dependencias o los reciba el Ejecutivo nacional. Que el Presidente nombre en la diplomacia del país a familiares de congresistas o magistrados para mantener ese círculo vicioso y pútrido funcionando.
Es eso lo que se necesita romper. Esa manera de elegir a los familiares y amigos de los que me vigilan o sobre quiénes tienen interés directo. De las cosas buenas que tiene la llamada Justicia Especial para la Paz, es la forma pública en que se convocó a quienes querían hacer parte de ella. Lo que ojalá pase ahora es que se sepa en lista publicada quiénes son. Y que a aquellos que ya tienen tacha, duda pública de su accionar personal, profesional y moral sean eliminados de tajo. Así como debería ser para elegir a magistrados de todas las cortes, de los tribunales regionales, al Fiscal, Procurador, Contralor y Auditor.
La salida es fácil. Que por ejemplo Transparencia por Colombia, Excelencia por la Justicia, veedurías, ONG, universidades públicas y privadas fuesen quienes inspeccionaran hojas de vida de todos los candidatos, calificaran por puntaje y luego de ello un comité de aforados escogiera entre los mejor punteados para esos cargos del nivel nacional y regional. El manoseo, la prostitución del proceso y del cargo se disminuiría.
Es simple, ¿pero en este escenario de pus institucional a quién le va a convenir? Pues a ninguno. Por eso, la salida más allá de que se dé o no una constituyente para la justicia y los poderes públicos, es la presión ciudadana permanente, ejercer esa especie de republicanismo moral del que nos habla la profesora de la Universidad de Valencia, Adela Cortina: “son los ciudadanos los que tienen que elevar el listón moral de sus sociedades, desde su capacidad de juzgar y de actuar, desde los distintos lugares que ocupan en la sociedad”.
–Gersan-
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