El último caso que conmovió al país fue el del funcionario del Banco de la República asesinado por un joven de 23 años en Bogotá, por robarlo. Hampón que ya fue capturado por las autoridades y cuyo prontuario a tan corta edad da escalofríos.
Si hacemos un pequeño barrido en medios de comunicación del país sobre el número de historias de vida que son truncadas por delincuentes juveniles, no alcanzan las líneas que conforman esta columna para dar cuenta de ellos. Son muchos, demasiados diría yo. Y tienen elementos comunes todos ellos: la hoja de vida delincuencial de los jóvenes es extensa y fueron capturados por la Policía o Fiscalía una, dos tres, cinco y hasta diez veces. Eso es absurdo.
Pero pese a ello, como diría mi suegro “fueron largados”, es decir, devueltos a la calle por los jueces como si nada. Todos los casos revisados tienen esas particularidades. Esa es una verdadera tragedia nacional provocada por los jueces de forma consciente o inconsciente, sin medir ni tener en cuenta las trágicas consecuencias de estar pensando más en los costos administrativos de mantener a buen resguardo a estos delincuentes en las cárceles, así como el ceder a la presión de hacer lo “políticamente correcto” o sea alejarse de la “justicia punitiva” que algunos supuestos filósofos-teóricos de la reconciliación han inventado para tratar de desligitimar todo aquello que signifique un castigo justo o simple aplicación de justicia, para quien cometa un delito atroz.
Sí, un secuestro, una violación, un asesinato, un fleteo, un robo multimillonario, nada parece ser suficiente para los promotores de la famosa justicia no punitiva, quienes promulgan que las penas deben conmutarse. Por ejemplo, que el que comete semejante delito, pueda estar en la calle rapidito porque la sociedad no le dio el apoyo necesario y es culpa del Estado al no brindarle todo para que no se dedique a matar a los demás. Pero como no se lo brindó, entonces debe salir a seguir matando, violando, robando y demás.
Mientras que al ciudadano de bien, el que se hizo a pulso pese a esas mismas limitantes y falta de oportunidades que no le ofreció el mismo Estado, se le prohíbe que se defienda, se proteja en su vida, bienes e integridad, pues si lo hiciera para esos mismos jueces y sistema pútrico de justicia sería venganza, una supuesta degradación al ojo por ojo y diente por diente, que no se puede permitir.
El mensaje pareciera ser que hay que seguir soltando a todos los ‘pillos’ por todo, porque eso nos hace un país de paz, de convivencia, de fraternidad, del posconflicto, demócrata, moderno e igualitario. Donde los criminales cuiden parques llenos de niños y corten el césped en separadores, en vez de estar tras las rejas. Yo no más. Ya es hora de decir ¡Basta! Si es necesario volver a las colonias agrícolas en La Gorgona, en Vichada, Arauca, Caquetá, pues que se vuelva; se les lleve a construir carreteras y ayudar el ensanchamiento de la infraestructura del país. Que paguen mínimo –y sin rebajas- 15 o 20 años de cárcel, que tengan el tiempo suficiente para reflexionar y arrepentirse, pero no esa absurda puerta giratoria de hoy de asesinar y salir libre o para la casa rapidito.
Claro que el Estado y la sociedad deben intervenir e invertir mucho más en educación, en recreación, en posibilitar posibilidades de crecimiento económico para todos. Que no sea tan miserable en eso debe también exigírsele de forma permanente. Pero que a ello se sume acabar con ese incentivo al delincuente, especialmente juvenil, de vaya haga la embarrada que no pasa nada. Es hora de terminar ese chantaje público en que se convirtió no aplicar justicia, para no ser calificados de pertenecer a la “justicia punitiva”. Jueces necesitamos justicia.
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