Se han oficializado ya las listas para las elecciones de 2018 de los 102 aspirantes al senado y los 166 representantes a la cámara. Continúa con ello la feria de las diatribas y las componendas, el baño público de conciencias, el lavado de sangres acumuladas en discursos evasivos, la divulgación de proyectos poco confiables y, en fin, lo que realmente somos, apáticos pero furiosos.
Y en la medida en que se dan a conocer los nombres de quienes conforman esas dichosas listas también se vuelve a poner sobre el tapete la intención de los llamados partidos (tan partidos por las ambiciones personales que ya no lo son), la de las llamadas coaliciones y la de las señaladas nuevas fuerzas, que cambian de nombre de acuerdo con las circunstancias. Por lo general oportunistas, cuando no adornadas de arribismo.
Se vuelven a poner en evidencia los apetitos económicos y burocráticos de las élites políticas, ya conocidos porque los han dejado ver a lo largo de nuestra historia: cambian los nombres, pero el despojo obedece a las mismas recetas burocráticas, asignadas a borregos con fortuna.
Lo más curioso en todo este destape es la confirmación (¿descubrimiento?) del negocio, destapado con cinismo y cierto humor macabro: el 60 por ciento de los enlistados están siendo investigados o tienen procesos en curso, el 90 por ciento ya ha ocupado cargos públicos o anhelan repetir curul o le apuestan a cambio de corporación legislativa. O enlistan su familia. ¿Nuevo congreso?
¿Cómo es posible que tengan el descaro de volver a ser candidatos? No debieran enlistarse. Pero como para ellos la ética y la moral son sólo limpiones de la cocina electoral, campantes posan para la foto de la “renovación”, limpian su pasado con sonrisas hipócritas y señalamientos y vuelven a posar de salvadores.
A quienes tengan procesos o sean investigados por actuaciones del pasado se les debiera impedir la postulación, su partido debiera quitarles el respaldo. Pero no, sus partidos apenas son comparsas políticas.
Queda entonces la autoridad respectiva, que debiera negarles el aval para ser parte de esta farsa nacional que llaman democracia. Pero no hay ley que la obligue.
¿Cómo entendemos que, con tantos controles y requisitos, los corruptos y asesinos puedan seguir siendo parte del carnaval político?
Porque lo permitimos. Lo que hacen los candidatos y las instituciones correspondientes es burlarse, es faltarnos al respeto, como si nos creyeran tarados, ignorantes o, cuando menos, indiferentes, que no quitamos ni ponemos en el entramado de la llamada justicia electoral.
No existe justicia electoral. Lo que existe para ellos es la libertad para engañarnos o para dejarnos morir de hambre. ¿La solución? El festejo. La cultura que nos salva.
Felicidades, entonces, para cada colombiano en el territorio nacional.
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