El expresidente Uribe Vélez coincide con Vivanco de Human Right Watch, manifestando sus críticas con el acto legislativo que busca elevar la justicia transicional a rango constitucional, cuyo trámite se surte en el Congreso con el liderazgo de miembros del Partido de la U, entre ellos el tolimense Carlos Edward Osorio. Vivanco y Uribe coincidiendo, vueltas da la vida.

Como candidato y presidente en ejercicio Uribe Vélez solía decir a los grupos al margen de la ley: “Cesen hostilidades; el Gobierno puede ser creativo y generoso para alcanzar la paz, pero bajo la condición innegociable del cese de hostilidades”.

Su expresión reconocía la necesidad de una Justicia Transicional para llevar la paz en Colombia a buen puerto. Uribe lideró y sacó adelante la Ley (no un acto legislativo de reforma constitucional) de Justicia y Paz, que empieza a mostrar resultados en materia de verdad, de la que se avizoran sentencias que harán justicia, ciertamente a un ritmo muy lento, y que, en el sentir de muchos, no ha logrado las reparaciones que anunció.

Con todo y sus dificultades, le escuché decir a un experto cercano a los círculos de la Corte Penal Internacional (CPI) que en esa instancia, se valora la puesta en práctica de la Ley de Justicia y Paz, tanto como para evitar que ese tribunal decida intervenir directamente en Colombia. La Ley de Justicia y Paz es un logro del Estado Colombiano, de sus tres ramas del poder público, que ha evitado la vergüenza mundial de una intervención directa del CPI.

El plan de vuelo que entonces anunciaba en la Ley de Justicia y Paz no logró la velocidad de crucero por las posteriores sentencias de la Corte Constitucional, lo que motiva hoy a muchos a llevar el tema a rango constitucional, para blindar procesos futuros que generen incertidumbre a cualquier proceso de paz con justicia transicional. La apuesta entonces de la Ley de Justicia y Paz por investigar y procesar todos los casos está enfrentada hoy a la cruda realidad de la lentitud en la aplicación de los rigores por parte de la misma y sin asomo aún de sentencias sobre casos emblemáticos.

Un blindaje constitucional consolida las posibilidades que ofrece la justicia transicional para culminar con claridad el noble propósito de avanzar hacia la paz, propósito que se ha allanado gracias a los grandes y significativos avances de la seguridad en Colombia en la última década.

Preocupa sí la forma en que se comunican políticamente estos instrumentos de la justicia transicional entre la opinión pública. De la Ley de Justicia y Paz se dice injustamente que fue el instrumento para negociar exclusivamente con el paramilitarismo, lo que no es cierto, ya que eran más amplios su espíritu y aspiraciones. De la reforma constitucional que hoy se tramita se dice que es para negociar sólo con la guerrilla lo que sería un despropósito y no es lo que se lee en su texto. Más pedagogía y menos algarabía.