Colombia necesita una Ruralidad socialmente competente capaz de contribuir de manera simultánea a:
1) Generar riqueza económica, donde el capital no juegue a especular, la tierra como factor de producción esté jugada con estándares de productividad, donde el trabajo esté formalizado y sea fuente generadora de valor, donde el conocimiento sea innovador y pertinente.
2) Construir capital social con más inclusión y equidad, con el liderazgo de pequeños, medianos y grandes propietarios-productores articulados entre sí por la vía de asociaciones y gremios autónomos con sentido de responsabilidad social.
3) Conservar la sostenibilidad ambiental, el uso inteligente del recurso hídrico, forestal y de la biodiversidad.
4) Promover los valores de una democracia segura, productiva, justa, sostenible, promotora de autonomías y comprometida con el fortalecimiento institucional.
Los territorios rurales para alcanzar altos grados de competitividad social demandan diversos bienes públicos: seguridad, infraestructura de transporte multimodal, saneamiento básico, vivienda, salud, educación, formalización empresarial, formalización laboral, administración de justicia, cartografía estandarizada, bienes culturales, espacios para trámite de agendas étnicas e interétnicas, infraestructura digital, planes de ordenamiento social, productivo y ambiental con clarificación de los usos del suelo. Igualmente, los territorios rurales demandan un contexto que motive alianzas público-privadas con seguridad jurídica para que los emprendedores pequeños, medianos y grandes hagan apuestas de inversión y gestión sostenibles .
En los territorios rurales convergen diversas agendas y cadenas agrícolas, pecuarias, piscícolas, forestales, ambientales, minero energéticas, turísticas; convergen igualmente diversos grupos poblacionales y étnicos; por otra parte, se desarrollan en las territorialidades rurales muchas de las manifestaciones de tensiones aún no resueltas, necesarias de tramitar diligentemente, dentro de la legalidad y sin violencia; en esos territorios hoy por hoy medran visiones sobreideologizadas de como debe entenderse el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental, a un nivel tan exacerbado de sobreideologización, que en no pocas ocasiones, cada sector asume que los Otros no existen y que no les cabe legitimidad alguna para reivindicar y ejercer sus derechos.
Ante la emocionante complejidad que implica una apuesta de Ruralidad socialmente competente como condición base para la construcción de paz, ningún actor gremial, asociativo, político partidista, académico, puede arrogarse para sí y excluyendo a otros, el diseño último de una política integral de desarrollo rural; por el contrario, es menester entender que esta apuesta debe ser objeto de una gran convocatoria al diálogo y la acción interinstitucional, que asuma el desarrollo rural como un tema de bien común, donde Estado, sector privado en todas sus escalas, sector solidario y comunitario en todas sus escalas, organizaciones sociales y gremiales, sean capaces de converger en un Plan decenal de Desarrollo Rural con visión estratégica intersectorial y con materializaciones reales en los diversos territorios del país.
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