El presidente Iván Duque Márquez ha invitado a los colombianos a mantener un permanente diálogo social como alternativa para que diversos grupos de interés de la sociedad no se vean en la necesidad de apelar a la protesta social como única fórmula para hacerse escuchar en sus peticiones, quejas y reclamos.
Este llamado coincide con la propuesta del nuevo Ministro de Defensa Guillermo Botero en la pasada Cumbre Concordia Américas, de una ley estatutaria para regular la protesta social, para que esta se pueda surtir dentro de un orden propicio a la convivencia de todos los colombianos y no se reduzca a instrumento agenciado por pequeños grupos de interés, avezados y consuetudinarios usuarios de ese derecho.
En esos llamados, tanto el Presidente de la República como el Ministro Botero han tenido buen cuidado reconocer la protesta social como un derecho reconocido por la misma Constitución Nacional y el marco legal y reglamentario que la desarrolla.
El reciente Código de Policía expedido por el Congreso aprobó artículos alusivos a la protesta social, algunos de los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, arguyendo que para esos efectos es menester apelar a una ley estatutaria, vía misma que propuso el Ministro Botero, por lo que fue objeto inmediato de críticas por parte de sectores sociales y sobre todo políticos, de reconocida trayectoria y habilidad para invocar ese derecho consagrado en la Constitución para tramitar sus respectivas agendas políticas como se confirmó el pasado 7 de agosto, cuando el Senador Petro apeló a la protesta social para precipitadamente reclamar, a un gobierno que apenas inicia responsabilidades como tal, por el asesinato de líderes sociales y amenazas a la vida de la que han sido objeto varios de ellos, incluidos según el Senador Petro, él mismo, la representante Angela Robledo y el Senador Bolívar, hechos que han sucedido de manera en el último año del Gobierno saliente del Presidente Santos.
Uno de los últimos actos del gobierno Santos fue precisamente la activación del Protocolo para la protesta social, por la vía de una resolución del Ministerio del Interior consistente en una recopilación de normas que servirán de guía para que autoridades civiles y de policía puedan actuar ante la realidad configurada por la protesta social.
Así las cosas, la relación entre el diálogo social anticipatorio y preventivo y la protesta social reactiva, la necesaria regulación estatutaria de esta última, la promoción como práctica y hábito del primero como expresión de un estilo y deseo de hacer las cosas por parte de un gobierno que recién se estrena, son temas que serán recurrentes a lo largo de los próximos años y los colombianos debemos estar preparados para ello (continuará).
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