Una cosa es pagar impuestos pasivamente a una caja negra cumpliendo mínimos de ley sin reparar por el destino final de esa contribución, y otra cosa, sustancialmente diferente, es tomar la opción de tributar de forma activa, yendo más allá de la ley, ejerciendo el derecho a solidarizarse de manera socialmente competente, forjando un vínculo con la renovación de un territorio, de una comunidad, con base en proyectos de alto impacto social.
En esta filosofía, una cosa representa un Estado que persigue con unos perros dóberman a unos contribuyentes que erráticamente se presumen ladrones, y otra cosa, muy diferente, representa un Estado dispuesto a orientar al sujeto contribuyente para que éste tenga un margen discrecional para destinar un porcentaje significativo de sus aportes tributarios a un proyecto social, cuidadosamente formulado, con alto impacto para las comunidades.
En este último caso, el Estado, sin renunciar a su autoridad, actúa como facilitador haciendo de los contribuyentes, verdaderos socios en el buen uso de los recursos públicos y en la calidad de su gasto.
La última reforma tributaria, ley 1819 de 2016, y el posterior decreto 1915 de 2017, fruto este último de un gran esfuerzo de concertación entre agencias públicas nacionales y empresarios y gremios del sector privado, dan marco legal para esa innovación social y tributaria denominada “obras por impuestos” que busca beneficiar potencialmente a 344 municipios ubicados en las llamadas zonas más afectadas por el conflicto -Zomac-.
En 2018, con un cupo inicial aprobado por el Confis de 250 mil millones de pesos, 28 diferentes personas jurídicas contribuyentes con ingresos superiores a 33.619 UVT, están fondeando 23 proyectos de alto impacto en la ruralidad colombiana de 28 municipios Zomac.
Esos proyectos fueron promovidos por la Agencia de Renovación del Territorio y las entidades territoriales, viabilizados y avalados por los ministerios sectoriales, DNP y la Dian, ya están creadas las fiducias para iniciar la ejecución de los mismos en los próximos días.
En el Tolima, dos empresas están optando por esta modalidad tributaria, Enertolima con un proyecto para beneficiar a los municipios de Planadas, Rioblanco y Chaparral, construyendo un circuito para distribución de energía eléctrica por valor de 11.466 millones y Seapto con un proyecto por valor de 290 millones en dotación tecnológica para mejorar calidad educativa en el municipio de Santa Isabel. Otras prestantes empresas en otras partes del país optaron por esta modalidad: Ecopetrol, Emgesa y el grupo Corona, entre otras.
Inmensa responsabilidad tienen por delante estos contribuyentes, la Agencia de Renovación del Territorio, los distintos ministerios, el DNP, la Dian y las entidades territoriales para gestionar de manera competente esta normatividad despejando así el sendero para motivar a otras empresas a que participen solidaria y directamente en la construcción de paz en territorios rurales de la Colombia profunda. Tributar por la paz, otro pacto por Colombia.
Comentarios