En Colombia hay un choque de trenes cuyos protagonistas secundarios son las ramas del poder público mientras que los protagonistas realmente principales son el poder constituyente primario y los poderes constituidos.
De un tiempo a la fecha los mandatos del poder constituyente han sido reiteradamente desoídos. Cuando al poder constituyente se le represa en su vocación y voluntad, la democracia se resiente y se engendran dinámicas de insospechadas consecuencias.
El mandato que recibió del constituyente primario el candidato Juan Manuel Santos en el 2010 fue uno y lo que se terminó haciendo en el ejercicio de su gobierno, ya como poder constituido, surtió una agenda diferente. La elección presidencial de 2014, con el manto de duda que se cierne sobre ella, hace pensar que la decisión mayoritaria del poder constituyente fue una, y terminó siendo otra, por razones que ya vienen saliendo a la luz pública.
El Plebiscito por la Paz del 2016 arrojó un resultado claro, ganó el NO, mandato del constituyente primario que fue desoído por el gobierno promotor de las negociaciones de paz en La Habana. El acuerdo de La Habana-Colón, vía poderes constituidos en el Congreso y a las volandas (léase FAST TRACK), creó instituciones que terminaron siendo parte del bloque de constitucionalidad, una de las cuales, hasta hoy, no ha sabido ganarse la confianza de toda la ciudadanía: la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP).
En el 2018 Iván Duque Márquez recibió la más alta votación que Presidente alguno haya obtenido y parte del mandato que le dio constituyente primario fue el de introducir modificaciones al acuerdo de paz de la Habana-Colón. El Presidente Duque superó por dos millones trescientos mil votos a la campaña que promovió la tesis contraria, esto es, no modificar punto alguno del acuerdo de marras.
Como Presidente y poder constituido, Duque ha honrado el mandato de su constituyente primario; ha promovido un proyecto de acto legislativo para evitar que delitos como secuestro, abuso sexual y narcotráfico sean conexos al delito político y ha radicado seis objeciones a la ley estatutaria de la JEP.
Sectores de la Cámara de Representantes y del Senado, poderes constituidos, votaron por no aceptar las objeciones. En próximos días, la Corte Constitucional, otro poder constituido, se pronunciará al respecto y muchos predicen que decidirá enterrar definitivamente las objeciones.
La providencia proferida por la Justicia Especial para La Paz evitando extradición de Santrich y ordenando su inmediata liberación, ha generado una crisis institucional política. La Fiscalía y el Gobierno recapturaron al tristemente célebre Santrich y estuvo bien. La Procuraduría General de la Nación interpuso atinada objeción a la decisión de la JEP. Algunos hemos sugerido una Asamblea Constituyente como salida institucional a la crisis política, otros, que en 1991 promovieron la constituyente, hoy rechazan “aventuras” constituyentes. La oposición al gobierno también rechaza la idea, mientras el gobierno guarda prudente silencio frente al asunto.
Si la JEP no acepta objeciones de la Procuraduría General de la Nación, el país queda en una sin salida política, en un corcho en remolino. En ese escenario, una “séptima papeleta” en las próximas elecciones de octubre, preguntando al constituyente primario si estaría de acuerdo o no en convocar una Asamblea Nacional Constituyente, sería una salida institucional a la encrucijada.
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