La columna vertebral de la institucionalidad política colombiana acusa síntomas de torceduras, deformaciones, vértebras inflamadas, otras desgastadas, hernias producto de fuerzas mal hechas, rotaciones que desfiguran el rol funcional de alguna de ellas. Todo lo anterior se explica por un crecimiento y complejización de la sociedad y/o consecuencia de una mala higiene postural, ora por sobredosis de algunas posturas ideológicas, ora por deficiencia de algunas otras.
Cuando un poder ejecutivo ya no ejecuta la ley como función natural sino que pone su energía e indicadores de desempeño a depender del número de leyes y reformas constitucionales, y cuando el poder legislativo renuncia a la iniciativa legal parlamentaria y de poder constituyente derivado, para convertirse en un costoso peaje (le dicen mermelada) en el trámite de una norma o muestra pretensiones de querer ejecutar el 20 por ciento de un presupuesto nacional de inversiones a través de posmodernas formas de neoauxilios parlamentarios y cuando de manera simultánea, el poder judicial, vía sentencias y autos, termina coadministrando o reformando la constitución, sin lugar a dudas, se configura una rotación en las funciones naturales de los poderes públicos generando roces con dolores que afectan el cotidiano devenir del cuerpo social, político y económico del país.
De otra parte, cada vez más y de manera sistemática, las voces del poder constituyente son desoídas por los poderes constituidos, en consecuencia, la energía social empieza a ganar entropía y se recalienta a tal punto que se engendran ambientes casi explosivos que pueden llevar a que el dínamo de la democracia se funda; basta observar a manera de ejemplos: 1) consultas mineras votadas por incuestionables mayorías de una comunidad específica y al otro día el ministro del ramo afirma que esos resultados no son vinculantes, 2) un Presidente que fue elegido en un primer periodo con un mandato específico y ya electo cambia, a las volandas y de manera subrepticia, el mandato de sus electores, 3) un plebiscito convocado con la ilusión de la paz cuyo resultado es desatendido sin mayor sonrojo, 4) una consulta de tintes populistas es convocada en función del plausible propósito de la lucha contra la corrupción que casi alcanza el umbral que exige la ley pero que a la postre ninguno de sus puntos fue objeto de desarrollos reales dejando el sinsabor de multimillonarios recursos dilapidados y por último, 5) un nuevo Presidente buscando honrar el mandato de sus electores de hacer modificaciones a los acuerdos de La Habana-Colón y restablecer la lucha contra el microtráfico y el narcotráfico que se topa con poderes constituidos en el Congreso y en las altas cortes oponiéndose a rajatabla a sus iniciativas.
Si a lo anterior sumamos que hoy por hoy Colombia tiene álgidos, y aún no resueltos, debates sobre conceptos como libre desarrollo de la personalidad, familia, alcances y límites del aborto, delito político y conflicto armado, desarrollo sostenible, autonomía territorial entre otros, es evidente que el país está pidiendo una quiropraxis que dé trámite a un momentum constituyente que se está escalando en la sociedad colombiana, quiropraxis que permita volver a caminar erguidos y con la mirada puesta en mejores y más ambiciosos horizontes y no en actitud de dañina postración y sentimiento de impotencia.
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