Un convenio de entendimiento y convivencia exige que los subversivos acojan la Constitución y se comprometan a respetar a las autoridades. Nadie me lo dijo, pero lo expreso con una seguridad del ciento por ciento, que el presidente Santos y sus inmediatos colaboradores sobre el tema de la paz dialogaron con los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía sobre la conveniencia de abrir un proceso de negociación con las FARC. Sin duda estuvieron de acuerdo. De no haber sido así, el Presidente se hubiera abstenido de abrir el proceso. 

Eso es lo que indica que en la comisión negociadora del Gobierno, presidida por un hombre de la trayectoria de Humberto de la Calle, estén el General Jorge Enrique  Mora, del Ejército, y el General Óscar Naranjo, de la Policía Nacional. 

No es cierto que el Gobierno vaya a pactar con las FARC la disolución de las Fuerzas Armadas. Eso no puede caber en la cabeza de nadie. El país las necesita. El pueblo las apoya. Son las instituciones de mayor prestigio según lo que la propia comunidad expresa. No es verdad que el Gobierno esté preocupado del futuro de los guerrilleros y piense solo en exculpar sus faltas cubriéndolas con un manto de impunidad, mientras le señala penas severas y cárcel a los integrantes del Ejército y de la Policía que en medio de la guerra cometieron faltas.

Tampoco va a ocurrir que si se firma la paz, se reduzca el pie de fuerza militar y policial y se arroje a sus integrantes al olvido. Nunca serán más necesarios que en ese momento, cuando será preciso arremeter con las armas del Estado contra los disidentes armados de la paz. Los colombianos queremos a los soldados y a los policías. Sabemos lo que valen.