La embestida del chavismo, por medio de esa especie de “maton de barrio” que es Maduro, amenaza ahora a la oposición con suspender las elecciones parlamentarias, y declarar la ilegalidad de la Mesa de Unidad Democrática, centro de la oposicion. Esto no ha sorprendido a la alianza antichavista, que en sólo 14 meses transcurridos desde las elecciones municipales ha visto como 33 de sus 73 alcaldes han sufrido procesos judiciales.
Un nuevo giro de la tuerca revolucionaria sugerido por Nicolás Maduro durante un acto obrero en Puerto Ordaz. Allí, en la zona donde se concentran las grandes industrias básicas del país, el primer mandatario adelantó “Que no se equivoquen. No van a salir con su cara muy lavada a presentarse en unas elecciones”, añadió recurriendo a un argot popular.
Las amenazas de Maduro esconden una realidad preelectoral, que señalan todas las encuestas: su popularidad ha caído por debajo del 20% y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) debajo de Primero Justicia (PJ), el partido del gobernador Henrique Capriles, y uno de los 27 que componen la MUD.
Una de las “pruebas” que ha exhibido Maduro esta semana son las protestas en Táchira, atisbando incluso que el adolescente Kluiverth Roa (14 años) pertenecía a los muchachos “captados por sectas de la derecha, que les está preparando para que generen violencia y que les llenan el alma de odio y de deseos de venganza”. La realidad es muy distinta: el chico salía del colegio, se topó con la protesta y un oficial de la Policía Nacional Bolivariana le disparó con un fusil de balines de goma, a bocajarro y en la cabeza.
Tanto ímpetu demostró el Presidente ante los obreros revolucionarios que hasta ordenó al pueblo que salga a la calle “para defender la revolución junto a las fuerzas armadas si funcionarios de la derecha tratan de llegar al poder por la vía de la violencia”.
El Alcalde de Caracas cumple hoy casi tres semana de encarcelamiento en la prisión militar de Ramo Verde, a pocos metros de Leopoldo López, el preso político más emblemático del chavismo, y de Daniel Ceballos, que fuera alcalde de San Cristóbal antes de su apresamiento.
Se trata de nuevos ataques que se suman a lo que ocurrió el lunes, cuando diputados oficialistas pidieron a la Fiscalía que investigue al parlamentario Julio Borges, fundador de Partido Justicia, también por su supuesta vinculación con un golpe de Estado. Es el primer paso para arrebatarle la inmunidad parlamentaria y ponerle más tarde tras las rejas.
El dirigente democristiano no descartó que, con los ataques a la oposición, el Gobierno pretenda sembrar un clima de violencia que le permita decretar un estado de excepción, suspender las garantías constitucionales y, por consiguiente, las elecciones parlamentarias.
Todos los gobiernos de la subregión han practicado el silencio. Tan solo se envalentonan cuando un presidente de izquierda es derrotado o “destronado” por sus locuras económicas.
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