Aborto

Daniel Felipe Soto

Como es costumbre en nuestro país, cuando se procura por el reconocimiento de derechos fundamentales o de dignidad humana, los partidos de derecha o colectivos retrógrados, como el Centro Democrático, inmediatamente inician una guerra a muerte. Cada vez que se intenta reconocer mayor igualdad a la población lgtbiq o avanzar en el reconocimiento de la equidad de género -como en el presente caso- estalla una confrontación que deja de lado los argumentos racionales para pasar al insulto o a la violencia.
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Esta vez el detonante ha sido la ponencia del Magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares, donde propone la despenalización del aborto; que entre otras cosas, es un gran avance constitucional y jurídico para el Estado colombiano, porque reconoce el derecho que tiene la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida. Algo que aún asusta a una sociedad patriarcal y machista como la nuestra.

Los argumentos de quienes están en contra del aborto siempre tienen un fuerte contenido religioso y moral, lo que los hace peligrosos por partir de dogmas que generan fanatismo. Ejemplo de esto lo da la senadora Margarita Restrepo cuando manifestó que despenalizar el aborto es “un atentado contra la vida, (...) la moral, (…) y la familia” y recomienda a la Corte ponderar todas las “opiniones”.

Uno de los principales desafíos del ordenamiento jurídico, reside en que la normatividad sea congruente con el principio de laicidad y neutralidad. Este objetivo, como es lógico, no resulta de fácil alcance, pues mantener los conceptos morales al margen de la norma es bastante difícil, sobre todo cuando ciertas concepciones son mayoritarias en la población, como ocurre en nuestro país.

Sin embargo, el hecho de que ciertas concepciones sean mayoritarias no significa que sean correctas o válidas. Los derechos fundamentales no pueden ser reconocidos o negados mediante el voto popular, como pretende el senador Uribe con su propuesta de referendo para zanjar de una vez y para siempre la discusión sobre el aborto. La imposición legal de la moralidad debe estar proscrita en un Estado Social de Derecho, puesto que su consecuencia política es la tiranía de las mayorías, que pondría en peligro efectivo garantías fundamentales de los individuos.

Además, el Derecho debe responder siempre a los hechos y regularlos de manera adecuada, no ignorarlos y creer inocentemente que con la prohibición se dejarán de realizar. Seguir criminalizando y restringiendo el aborto, es negar una realidad que a diario le cuesta la vida a alguna mujer. Según el Ministerio de Salud, cada año mueren más de 47.000 mujeres en el mundo por abortos clandestinos.

Supongo que si los “pro-vida” -como se hacen llamar-, conocieran estas cifras, cambiarían de posición o seguramente de discurso. Ya que son “pro-vida” solamente cuando de restringir derechos a la mujer se trata; puesto que casualmente son los mismos sectores que justificaban el bombardeo a menores de edad o el retorno a la violencia política que tantos muertos nos ha costado.

Despenalizar el aborto no significa per se que este aumente; significa que será seguro para aquellas mujeres que libremente decidan hacerlo y contarán con un Estado que las protegerá en el ejercicio pleno de sus derechos reproductivos.

DANIEL FELIPE SOTO MEJÍA

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