El eje central de la democracia es la independencia de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y judicial. Sin este equilibrio se cae en abusos de poder y tiranía. Pero estos poderes están subordinados a la voluntad popular manifestada en la Constitución. De estos tres poderes el más importante es el Legislativo, pues el Congreso es la representación del pueblo o se supone que así sea. Pero el Legislativo está subordinado a la Constitución denominada Carta Fundamental, establecida por el pueblo mediante Asambleas Constituyentes, referendos, etc., o por actos legislativos del Congreso que no contradigan su esencia. Velar por ello corresponde a la Corte Constitucional.

En nuestro país en este momento la democracia corre peligro, no tanto por los excesos del Ejecutivo o la corrupción del Congreso (del que todos somos responsables pues nosotros lo elegimos), cuanto por la pretensión de las Cortes de erigirse en un superpoder. Sus decisiones se han convertido no sólo en inapelables sino indiscutibles. Cualquier crítica de sus actuaciones es convertida en desacato. Y lo peor de todo, también en ellas, como se ha demostrado, se ha infiltrado la corrupción: los casos del aber­rante abuso en las pensiones y del carrusel pensional en varios de sus miembros, ciertos fallos judiciales que contradicen la lógica y el sentido común, nos tienen justamente escandalizados e indignados.

El asunto es demasiado grave, pues su autoridad no se basa en la directa voluntad popular, sino en su trasparencia ética. Y la corrupción se ha apoderado, o se está apoderando, del justo y sano ejercicio de la justicia. Y si la sal se corrompe, ¿qué hacemos? Ahí sí llegamos al abismo.

No quiero generalizar, ya que la probidad de la mayoría de los magistrados y jueces es, todavía, una tabla de salvación.

Debemos acatar las decisiones de la justicia aunque no las consideremos justas. Sócrates prefirió tomar cicuta, víctima de un jurado injusto, que desacatar las leyes de la sociedad en que vivía. Huir de la justicia es a veces compresible pero no puede ser aceptable.

Lo que toca es poner diques a las Cortes para evitar sus desafueros, mediante una reforma de la justicia. La Corte Constitucional es otro dique para ello. El problema es que la solidaridad de grupo puede contaminar sus decisiones.

La justicia se reforma, al menos formalmente, ya que lo fundamental es una regeneración ética mediante actos legislativos del Congreso, referendos, Constituyentes. Pero lo grave es que la Cortes se opongan a toda reforma que vaya contra sus intereses e ignore al Legislativo, negándose a discutirla en el Congreso, pretendiendo ser los únicos jueces de sí mismos. Y esta sí es la peor de las tiranías.