Hace unas semanas escribí acerca de la exacción a los barranquilleros con el cobro del impuesto predial para 2018. Un alza del 47% prevista en el recaudo respecto al año 2017, que ha llevado a que –acorde con su ingreso– cada ciudadano deba dedicar 20 días al año para pagar impuestos distritales.
Así mismo, en Ibagué se presentó otra ola de rechazo por un intento alcabalero similar. Allí se proyectó una iniciativa que combinaba una mayor tarifa mínima, del uno por mil al cinco por mil, con la actualización catastral y la incorporación de nuevos predios –pasando de 139 mil en 2010 a 176 mil en 2018– hasta llegar a un avalúo total de $8,5 billones para la capital del Tolima. Se planeaba pasar de cobrar $57.576 millones de recaudo en 2017 a más de $65 mil millones en 2018, a pesar de que el crecimiento del índice de valor predial en esta ciudad ha caído de 6,7 en 2015 a 5,4 en 2017. Menos mal, la protesta social pudo más que el atropello.
El punto máximo se está alcanzando en Bogotá. Desde la administración de Moreno se inició una espiral alcista desde un recaudo cercano a $1,2 billones en 2009 a más de $2 billones en 2015 con Petro y a $3,1 billones con Peñalosa para 2018: un incremento del 200% por ocho años consecutivos al que han contribuido, sin excepción, las respectivas administraciones. Para 2018, se proyecta por efectos equivalentes en avalúos, la elevación del tributo en 12,95% al estrato uno; del 16,06% al dos y al 14,67% al tres y también entre el 7,14% y el 10,52% para los demás. Sufrirá tan gravoso aumento la casi totalidad de los hogares, el 95%, como lo viene denunciando el concejal Manuel Sarmiento.
Un cobro explosivo desde hace ocho años, que supera tanto el crecimiento del salario mínimo y el de la inflación (Mateo Hoyos-lasillavacia.com) como el del ingreso por habitante. Millón y medio de familias sufrirán otra vez esta nueva arremetida.
Gustavo Petro justificó haber duplicado el recaudo del predial en su administración porque así “financió el gasto social” y me calificó como reaccionario por oponerme a la alcabala indefinida. No obstante, el torrente de ingresos corrientes no se ha dedicado solo a dicha finalidad. Entre 2012 y 2015, él lo usó en más de $1,2 billón para llenar las arcas de los operadores privados de Transmilenio y del SITP, compensando la diferencia entre la tarifa técnica reconocida y la comercial que pagan los usuarios, cuyos contratos prorrogó sin licitación ni cambios sustanciales y cuya inadecuada implementación encabezó. Enrique Peñalosa lo ha imitado gustoso, supliendo también así al oligopolio transportador.
También en Tunja se denuncia que al 25% se les subió el predial desde el 101% hasta el 300% y el IGAC argumenta que simplemente trasladó un supuesto boom inmobiliario al valor catastral de los más de 80 mil predios tunjanos, que han alcanzado un valor total de $8 billones, equivalentes al doble de 2012, cuando también se duplicó con iguales sofismas. Por doquier se ha levantado la indignación ciudadana.
El desborde del cobro del impuesto predial urbano en los municipios, porque el área rural sigue subestimada, está en línea con una política fiscal del Ministerio de Hacienda: ir disminuyendo su dependencia de los recursos nacionales. El mejor ejemplo es Bogotá: En 2006, solo el 35% de sus ingresos totales eran ingresos corrientes mientras para 2016 ya alcanzaban el 62%.
Así la ciudadanía ve disminuido doblemente su ingreso disponible: por un lado, con IVA al 19%, promocionado por Ricardo Bonilla, el exsecretario de Hacienda de Petro, mas impuestos crecientes al consumo y a los combustibles, mas el cuatro por mil. Y por el otro, con inicuos tributos prediales fijados por encima de todo parámetro y ligados exclusivamente a procesos comerciales inmobiliarios. En medio del transcurso electoral, por todas partes y en forma casi invisible, millones de hogares impugnan y se movilizan contra tan grave afectación a sus de por sí menguadas economías familiares.
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