Hay una enfermedad cuyos orígenes recientemente Ahmadf Soleh, un investigador egipcio, acaba de precisar, luego de descifrar el contenido de unos papiros. Se presentó por primera vez hace más de tres mil años y comenzó con la actuación de Peser, un alto funcionario de Tebas, quien dirigió una banda de saqueadores de tumbas, en los tiempos del faraón Ramsés IX.
Durante miles de años esta patología se ha ido transformando de acuerdo a las condiciones sociales y ha hecho metástasis en todos los organismos del Estado y en las empresas. Su tratamiento es muy complejo. Aunque por periodos surgen las cruzadas para acabarla, ella se mantiene latente y reaparece con más fuerza hasta convertirse en una verdadera pandemia, como es el caso actual.
En nuestro país hizo presencia desde los albores de la nacionalidad. El domingo anterior El Espectador publicó dos copias de las recetas empleadas por el Libertador Simón Bolívar y el vicepresidente Santander, quienes asfixiados por la presencia de esta dolencia nacional determinaron que la extirpación de este mal solo podría alcanzarse con la pena capital. Pero no se obtuvo resultados favorables, por la capacidad de contagio, que llegó hasta hombres cercanos a estos próceres, quienes se vieron incursos en procesos por conductas sospechosas.
La sintomatología es variable, pero la mayoría presenta comportamientos similares como la aparición de una fiebre elevada por enriquecerse fácilmente con los dineros del erario. También todos desconocen la ética en el ejercicio de sus funciones; desprecian lo público, realizan fraudes electorales, reparten enormes sumas de dinero para acallar brotes de denuncia y mil trampas más.
El diagnóstico es muy sencillo, solo basta mirar el modo de vida que tenía el paciente antes de acceder al cargo y compararlo con el actual, para poder determinar la agudeza del padecimiento. A mayor soberbia y prepotencia, mayores sumas esquilmadas. También se deben tener en cuenta los trastornos o delitos conexos, como el prevaricato, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el cohecho, el blanqueo de capitales y otros que muchas veces se engloban bajo una sola denominación.
Hoy debemos levantarnos frente a la propagación dramática de esta enfermedad. La única vacuna posible es que el pueblo construya los mecanismos para rescatar la autonomía y no es exactamente a través de reformas impulsadas por el Senado, pues este es el foco más infecto y con menos autoridad moral para ello. Si no queremos que Colombia perezca institucionalmente, debemos exigir un código de contratación elaborado democráticamente en una verdadera cruzada nacional, donde se establezcan requisitos claros, se entronice la transparencia y la meritocracia como reglas de oro en cualquier gestión, se ejerza el veto, ante la más mínima sospecha de políticos, jueces y funcionarios contaminados con esta enfermedad terminal llamada corrupción.
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