Los desafíos de la Jurisdicción Especial para la Paz

libardo Vargas Celemin

El maestro Julio Sosa no conoció cómo sería la vida en el siglo XXI en la Argentina, mucho menos en Colombia, o de lo contrario hubiera agregado unos versos más a su célebre tango lunfardesco “Cambalache”, donde dijera, por ejemplo: “Hoy resulta que es igual/ser un circunspecto gobernador / un importante togado / o hasta un vulgar malhechor/.

Con todo el respeto que merecen los funcionarios honestos que todavía subsisten al servicio del Estado, la corrupción se ha encargado de minar la confianza y la consideración que otrora merecían quienes accedían a tales cargos.

Hoy, dolorosamente aceptamos que la ambición, la falta de ética y de otros valores, nos han llevado a límites insospechados, que ponen en riesgo, no solo la institucionalidad, sino también la naturaleza misma de las faltas cometidas, porque tanta visibilidad mediática puede terminar banalizándolas.

Resulta deprimente sentarse a ver los noticieros o leer los periódicos del día y tener que soportar el desfile de quienes, otrora hacían parte del poder judicial, legislativo o ejecutivo, con sus rostros macilentos por las vigilias, enfrentados a cámaras y micrófonos tratando de explicar sus coartadas o tal vez, diciendo sus verdades, pero en medio del asco y la repulsión de una opinión pública que ve confirmadas sus sospechas de que la corrupción se tomó todas las esferas.

En medio de todo este descrédito que debe soportar la rama judicial, se acaban de nombrar 51 magistrados (38 titulares y 13 suplentes) para que conformen la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ente que tiene como gran responsabilidad “juzgar los hechos atroces cometidos en el conflicto”.

Aunque la selección fue pública y abierta, se hizo con transparencia y se escogieron juristas de reconocida trayectoria en la rama judicial y en la academia, ya han salido los críticos arrasadores a descalificar magistrados, algo que se esperaba en una coyuntura como la actual. Y eso que no clasificó Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, hoy huésped de La Picota.

Le corresponde a la JEP varias tareas prioritarias, entre otras la de lograr que se haga justicia a las víctimas del conflicto, pero a la vez que sirva para alcanzar la reconciliación nacional. Debido a la coyuntura actual, el grupo de juristas que representan los distintos matices del pensamiento, las regiones y los grupos étnicos, debe rescatar la credibilidad en la justicia del pueblo colombiano, antes que lleguemos a situaciones de no retorno.

Lamentablemente, como viene ocurriendo con compromisos adquiridos con la firma de la paz, el Gobierno nacional no ha cumplido con la Ley Estatutaria, no se han iniciado ni siquiera los debates respectivos.

Que falta de respeto, que atropello a la razón/, como lo dice “Cambalache”.

lcelemin2@gmail.com

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