SOS por la salud de los ibaguereños

libardo Vargas Celemin

Con la entrada en vigencia de la Ley 100, se dio el boom de las Instituciones Prestadores de Servicio de salud. Algunas personas, entre ellos, profesionales médicos de distintas especialidades, vieron la posibilidad de enriquecimiento y con un supuesto “objetivo altruista” crearon las IPS para acceder a los contratos de atención que firmaban con las EPS. Hubo un momento en que la oferta de servicios de salud para las personas afiliadas al sistema fue relativamente aceptable.

En Ibagué, las amplias residencias de Cádiz, Interlaken, Pìedrapintada, entre otras, pasaron de ser salas y dormitorios lujosos para convertirse en consultorios, laboratorios y escuelas de salud. Se construyeron Clínicas, como la de la sesenta de Saludcoop, Asotrauma, Medicádiz. También ampliaciones de centros de salud y hospitales, lo cual aumentó el número de camas en urgencias, al igual que sus dotaciones con una tecnología que no existía antes en la ciudad.

Pronto las bondades de la famosa Ley 100 comienzan a erosionarse. Aparecen las verdaderas intenciones de sus gestores y promotores. Se descubre el entramado perverso que animaba las ARS y su intermediación que enriqueció a políticos; abrió las puertas para que el paramilitarismo tuviera una caja menor; los carteles como el de la Hemofilia y, vividores camuflados en la dirección de la EPS como Saludcoop, arrasaran con los recursos del régimen subsidiado. Comenzó la debacle y los primeros perjudicados fueron los hospitales públicos, después las IPS que se cierran o se intervienen por Supersalud, ante sus enormes déficit.

Los primeros impactos en Ibagué se sienten en el año 2015, con el cierre temporal de las urgencias de la Clínica Tolima. Vendrá el definitivo de la tradicional Clínica Minerva; luego el de la clínica de la Sesenta, un reducto de Saludcoop y ahora, el anuncio del cierre de las urgencias de Medicádiz a partir del 1 de diciembre.

Además del golpe certero contra los trabajadores y sus familias, los habitantes de Ibagué estamos en un riesgo inminente ante la reducción del número de camas para el servicio de urgencias. Nadie, óigase bien, nadie, así tenga el servicio de salud más completo, no está exento de lo que expertos llaman “un estado apremiante del paciente que tiene en peligro su vida y que requiere una atención inmediata”.

Duele observar como edificaciones y equipamientos que debieron costar miles de millones de pesos estén absurdamente inutilizados, mientras cientos de personas se someten a esperas inhumanas para ser atendidos.

Pero duele más la indolencia de una clase dirigente, responsable en parte de esta situación; ya sea por ineptitud; compromiso con la corrupción o simplemente por desidia, guarda silencio y no es capaz de convocar a una gran cruzada para dotar a la ciudad de una verdadera red de urgencias.

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