Y efectivamente ese planteamiento debe asumirse con toda la seriedad por el gobierno, pero también la sociedad en su conjunto, más allá de maniqueísmos e ideologismos. Pero asumir en serio ese reto va más allá de los aspectos jurídicos, aunque por supuesto los incluye.

Lo anterior implica asumir en su diagnóstico la complejidad de violencias y la ejecución de un conjunto de políticas públicas articuladas que aborden las distintas dimensiones de salida, si se quiere que nuestra sociedad se acerque a una sin violencias y con una democracia cada vez más sólida e incluyente en un mediano plazo.

No debemos olvidar que hay, por lo menos cuatro campos de violencias, que si bien tienen interconexiones y retroalimentaciones, igualmente tienen especificidades. La violencia de las Bacrim –o neo paramilitares- y su estrecha relación con el narcotráfico, la derivada del conflicto interno armado, la violencia asociada a la inseguridad ciudadana y los espacios de la violencia intrafamiliar.

Si bien compartimos la afirmación del Presidente Santos en el sentido que "no podemos tratar los efectos de tres o cuatro décadas de conflicto como un problema de política criminal ordinaria, dispersando las investigaciones en cada uno de los cientos de miles de hechos que se han denunciado, porque así no tendremos ni una verdadera justicia para las víctimas, ni mucho menos esclarecimiento de la verdad", igualmente debemos insistir que además de las salidas jurídicas se requieren políticas públicas en lo militar y policial, en lo socio-económico y en lo educativo-cultural.

Y por supuesto debería definirse una política pública para eventuales diálogos con los grupos guerrilleros, especificando claramente las condiciones que el gobierno exige para iniciarlos y el marco dentro del cual se moverían los mismos.

En lo jurídico, hay que diferenciar la prioridad de responder a los desmovilizados del proceso de la ley 1424 que están en una especie de limbo jurídico y que como dice el Alto Consejero para la Reintegración Alejandro Eder, “debemos hacer valer la palabra del Estado. Nosotros los invitamos a la legalidad y no podemos fallar”.

Otra prioridad, pero que da un poco más de tiempo es tramitar un marco jurídico para los próximos procesos de desmovilización o de negociaciones con grupos guerrilleros –si se dan las condiciones exigidas por el gobierno-, para estos procesos.

Esto, debe estar acompañado de una estrategia militar renovada, eficaz y exitosa en el marco del Estado de Derecho. Adicionalmente debe crearse el ambiente sociopolítico necesario y en esto juega un papel fundamental la ejecución de la ley de víctimas y de restitución de tierras; por ahora sólo hay un marco jurídico pero los desafíos y obstáculos están es en la implementación –recordemos que la Ley 135 de 1961 de Reforma Agraria se enredó por la expresión ‘inadecuadamente explotada’ que fue convertida en el obstáculo jurídico para impedir la ejecución de la reforma agraria-.

Contra las Bacrim, es fundamental la estrategia policial, incluido un perfeccionamiento continuo de la inteligencia policial, la intervención de grupos de operaciones especiales y políticas de generación de empleo con énfasis en determinadas regiones y una política educativa intensa mostrando que este tipo de actores delincuenciales son tan negativos como cualquier otro.

Para la inseguridad ciudadana son necesarios, además de las estrategias policiales –policía por cuadrantes, inteligencia policial- políticas tendientes a la cooperación ciudadana, incluyendo por supuesto políticas de cultura ciudadana.  

Finalmente, se requieren políticas de sanción ejemplarizantes para los casos de violencia intrafamiliar junto con masivas y persistentes campañas educativas en medios de comunicación masiva e instituciones de socialización.

Colprensa