Sobre la ley de tierras y reparación de víctimas

El Presidente Santos iniciando su gobierno tomó el tema de la ley de tierras y reparación de víctimas como uno de los centrales, o quizá el prioritario de su gobierno y por ello lo apoyó en su trámite en el Congreso con la fuerza política de su coalición de ‘unidad nacional’.

Una vez aprobada la ley y reglamentados algunos de sus artículos, la ejecución de la misma se vuelve absolutamente prioritario, so pena de pasar a la historia simplemente como un gobierno que aprobó una ley ambiciosa pero que no logró ejecutarla.

Es importante recordar varias cosas: la primera, que el tema de la tierra ha estado girando en la historia colombiana alrededor de todas las violencias que hemos vivido; segundo, que en los años 60s bajo el impulso reformista de la ‘Alianza para el Progreso’ se aprobó la ley 135 de 1961 o de reforma social agraria, pero sus resultados fueron precarios, entre otras razones porque los representantes de los sectores opuestos a la misma tomaron el tema de si las tierras eran o no ‘adecuadamente explotadas’, como caballito de batalla jurídico para impedir que la reforma agraria fuera una realidad y aún los cambios introducidos en el gobierno de Carlos Lleras, el gran reformista agrario liberal, que se expresaron en la ley 1 de 1968, pudieron lograr una redistribución de la propiedad de la tierra significativa. Vale recordar, igualmente, que como el presidente Carlos Lleras consideraba que una política de tierras requería un apoyo social organizado, promovió la creación de la Asociación Nacional de Usuarios de los Servicios del Estado, más comúnmente conocida luego como la Anuc.


Lo anterior es pertinente recordarlo ahora que el presidente Santos está tratando de poner a andar la ley de tierras y reparación de víctimas, que toca de nuevo el tema agrario y que ya ha empezado a generar la oposición soterrada de fuerzas opuestas, e incluso se ha expresado en el asesinato de líderes campesinos. Dijo el Presidente luego de un encuentro con sectores sociales que apoyan las demandas de restitución y reparación a víctimas, “los escuchamos con mucha atención, sus preocupaciones. Están denunciando que hay amenazas contra algunos voceros de los campesinos que están reclamando tierras. Inclusive, algunas denuncias de asesinatos de algunos de esos dirigentes, cosa que nos preocupa enormemente” y más adelante planteó que se va a “perseguir a quien se oponga, a quien amenace, a quien esté tratando de sabotear” el proceso, e igualmente dijo que se promoverán “instancias de coordinación con la sociedad civil”.


El presidente Santos sabe que una adecuada ejecución de esta ley, es no sólo un gran salto adelante en el camino de la paz -se quita otro de los argumentos que han justificado la violencia en el pasado-, sino que es un avance fundamental en la consolidación del Estado de Derecho y de la democracia y que permitirá acercar la posibilidad de unos diálogos productivos y eficaces con la guerrilla para el cierre político de la confrontación armada. Pero como no es suficiente la acción preventiva y reactiva de la Fuerza Pública contra las fuerzas oscuras que están oponiéndose, sería muy pertinente que el Gobierno estimulara la organización de las víctimas y de los campesinos demandantes de sus tierras despojadas, para que ellos como fuerza social dentro de la democracia, sean aliados del Gobierno en la restitución de tierras y al mismo tiempo, ejerciendo el derecho a la participación, sean una verdadera auditoría social en la ejecución de esta política. Adicionalmente todos los demócratas debemos acompañar al Gobierno para el éxito de esta política.


Adenda: Como la mayoría de los colombianos que ayer marcharon, nos sumamos a la demanda de liberación incondicional de los secuestrados y al rechazo de la violencia.

Credito
ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ

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