Pero es evidente que hay otras formas de ver la democracia, que si bien parten de aceptar lo anterior, consideran que la democracia es también la existencia de procedimientos deliberativos y búsqueda de escenarios de concertación para la toma de decisiones en políticas públicas; entre otras razones porque los partidos políticos no son suficientemente representativos de la diversidad social y se requieren canales de participación y deliberación complementarios al Congreso. En buena medida la legitimidad de muchas políticas públicas va a depender del nivel de participación que hayan estimulado en su formulación y no sólo para acompañar la ejecución, que también es importante.

La democracia colombiana, especialmente en el gobierno del Presidente Santos, tiene el desafío de mostrar que efectivamente quiere avanzar en esa dirección, lo cual sería una contribución sustantiva a la calidad de nuestra democracia, sin que eso signifique búsquedas de consensos que puedan terminar siendo paralizantes –toda decisión democrática deja a todos los participantes de la misma parcialmente satisfechos, porque negociar es ceder un poco para ganar en otros aspectos-.

En primer lugar, está la definición del salario mínimo legal, que esperamos en esta ocasión, logre ser producto del acuerdo entre trabajadores, empresarios y gobierno, por supuesto partiendo de argumentos y variables económicas, pero igualmente teniendo en consideración variables políticas y de conveniencia social. Este escenario tiene ya reglas y procedimientos definidos por la ley.

En segundo lugar, está el desafío para el próximo año de concertar una nueva ley de educación superior entre los miembros de la comunidad académica, estudiantes, profesores, rectores y el gobierno nacional. Esto puede ser un gran ejercicio democrático, o puede convertirse en una gran frustración si no se maneja con realismo, tanto en el procedimiento –una mesa nacional de concertación con reglas claras y tiempos suficientes pero definidos-, como en el contenido –deberían discutirse tanto los aspectos de principios orientadores de la misma, como los aspectos de estructura, funcionamiento, presupuesto y de progresividad que deberían estar incluidos-.

En tercer lugar está la ley de reforma a la justicia, independiente de si se hunde en la Cámara la actual versión o no, para la segunda vuelta debería abocarse una deliberación y concertación con los miembros de la rama judicial –altas Cortes pero también las organizaciones que agrupan a los funcionarios-, las facultades de derecho, y tratar de precisar los objetivos estratégicos de la misma, que no pueden ser solamente las disputas burocráticas entre las ramas del poder público para ver quién tiene más o menos capacidad nominadora, sino apuntar a los problemas centrales de eficiencia, eficacia y acceso a la justicia para todos los colombianos y por supuesto eso no lo resuelve la actual reforma, menos con la multiplicidad de ‘micos’ que se le han agregado.  

En el mismo sentido se puede predicar de la propuesta de ley de desarrollo rural, que debe debatirse con los campesinos, con los empresarios del agro, los académicos y los funcionarios del gobierno, para que llegue al Congreso un proyecto lo suficientemente legítimo para que sea respetado en los debates y no desarticulado al vaivén de múltiples intereses nada transparentes.

Una democracia en esas condiciones, tiene la suficiente legitimidad, para exigirle a los grupos alzados en armas que no hay camino distinto para su estéril lucha, que aceptar de manera inmediata, una salida digna de cierre del conflicto armado, por supuesto en los marcos de una democracia y aceptando dónde están las mayorías nacionales.
 
Colprensa