Muchas regiones del país, en su pasado reciente, han tenido unas relaciones difíciles con el Estado central; regiones como el Magdalena Medio, Arauca, los Urabás chocoano y antioqueño –para mencionar sólo algunas- han sido percibidas desde el Estado central como regiones cuasi-enemigas, probablemente porque no eran totalmente controladas con las lógicas clientelistas del bipartidismo tradicional. 

Esto generó un elemento que está en el centro de movimientos como el del Catatumbo: la desconfianza mutua. El Estado central desconfía del movimiento y sus líderes porque está viendo allí solamente la expresión de actores armados ilegales; los líderes y miembros de la protesta desconfían de un Estado que históricamente, en una sucesión de gobiernos, sólo ha hecho anuncios y promesas pero que no se traducen en obras y respuestas a las necesidades socioeconómicas de la región y claro, eso ha facilitado que otras problemáticas colaterales se incuben, que grupos alzados en armas se desarrollen allí, que los cultivos de uso ilícito se siembren ante la carencia de alternativas serias de desarrollo agrario. 

Por ello es pertinente situar el tema de la descentralización y el desarrollo regional en el centro de estas protestas sociales. No simplemente como han dicho algunos analistas para que alcaldes y gobernadores sean una especie de ‘alerta temprana’ frente a las situaciones socialmente problemáticas, eso reflejaría una mirada estrecha de la descentralización. No el centro del problema es que de nuevo regresamos, después del intento descentralizador de los constituyentes de 1991, a un Estado altamente centralizado –en la última década el Estado se ha re-centralizado con la justificación de la seguridad y la corrupción local, que parcialmente son ciertos- y estos paros regionales no son otra cosa que síntomas de una situación en la cual el Estado central es incapaz de dar respuestas adecuadas a las demandas de las sociedades regionales. 

Recordemos que a comienzos de los 70s con el inicio de los llamados ‘paros cívicos’, en el gobierno de Alfonso López Michelsen, se empezó a evidenciar la incapacidad de un Estado centralista de dar respuesta a los problemas y demandas de las regiones y por ello se planteó en ese momento una audaz reforma del Estado que fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia. Demandas como las de crear zonas de reserva campesinas –que no son una invención actual sino una creación legal desde mediados de los 90s-, en buena medida son vistas como mecanismo que permiten a regiones adelantar estrategias de desarrollo concertadas. 

Lo anterior nos lleva a decir que en el trasfondo de protestas como la del Catatumbo se encuentra es la necesidad de avanzar hacia un modelo de Estado más regionalizado, como lo prevé la Constitución de 1991 –los ordenamientos territoriales de provincias y regiones están sin estrenar-, que pueda diseñar sus estrategias de desarrollo regional diferenciadas, acorde con las particularidades regionales, pero al mismo tiempo transfiriéndoles a las autoridades regionales y locales recursos y competencias. 

Habría que ver en qué medida el Estado colombiano es capaz de adelantar un verdadero proceso de desarrollo de las normas constitucionales que viabilizan la regionalización –la llamada ‘Consulta Caribe’ de las últimas elecciones en los departamentos de la Costa Atlántica es una expresión de esas demandas regionales represadas-. De lo contrario es probable que sigan dándose estas protestas regionales y que la respuesta del Estado central se agote en lo mismo.