Hace 25 años, la clase dirigente del país se sentía conmovida con la crisis política, de seguridad nacional y de la precariedad de la justicia en Colombia. La política había llegado al límite de su credibilidad democrática, con la influencia de narcotraficantes como Pablo Escobar en contubernio con políticos como Alberto Santofimio; la guerrilla de las Farc vivía un auge en su ‘negocio’ de secuestros de civiles y grupos como el M-19 y el ELN eran enemigos de cuidado para el ‘establecimiento’; la justicia, por otro lado, estaba amedrentada y a merced de los chantajes del narcotráfico.
Fue cuando César Gaviria, exministro de Barco y bien al tanto entonces de la encrucijada social aludida, llegó al poder. Gaviria apoyó institucionalmente la propuesta de un movimiento estudiantil llamado ‘Todavía podemos salvar a Colombia’, de reformar la constitución del 86. Como consecuencia, se convocó a una Asamblea Constituyente, que arrojó sus frutos en 1991.
La gran mayoría de colombianos reconocemos que esta constitución tuvo un origen progresista, en el cual se unieron en calidad de constituyente desde exguerrilleros hasta distinguidos personajes de la derecha nacional. De una u otra manera, el trabajo que nos legaron sirvió para conjurar la crisis y hace solo diez años, cuando corría el año de 1996, el país parecía haber recuperado su viabilidad.
Hoy, a 25 años del hito de la convocatoria a la constituyente popular, un grupo de burócratas de la justicia, pretende liderar un cambio del régimen constitucional del país invocando al pueblo. Grave el tema: de una convocatoria nacida del estudiantado hemos pasado a otra nacida de la plutocracia judicial.
Sin duda la rama judicial requiere algunos ajustes, para que su ejercicio hoy tan cuestionado se vuelva más eficiente y democrático. Pero la solución no puede ser una constituyente de este origen, promovida por la élite del poder, con Montealegre a la cabeza. Quizás Colombia necesite esa reforma estructural de la constitución, una vez se resuelva el tema de la paz, pero no como condición previa, ni como punto de llegada.
Quizás el Tolima, como tantas regiones de la Colombia que deseamos construir para los próximos 25 años, para el 2040, requiera una nueva ola de reformas federadas. Muchos analistas económicos y políticos, como Hommes, han hecho propuestas políticas para parar el crecimiento macrocefálico de Bogotá, descentralizando las instituciones del Gobierno, como lo ha hecho Alemania entre Bonn y Berlín. Pero también se proponen fórmulas como impulsar en ciudades como Ibagué una verdadera descentralización universitaria.
Bogotá parece que no aguantara una rueda más en sus calles. Es el momento de abrir así el espacio para atender a la Colombia abandonada, como el resguardo Nasa en el corregimiento de Gaitania, del sur del Tolima.
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