La tutela, una de las herramientas más valiosas que recibió el pueblo colombiano en la Constitución de 1991, va camino de cumplir 25 años. Al mirar en retrospectiva, el balance de la tutela ha sido muy positivo. De hecho, cientos de miles de compatriotas han encontrado una alternativa de justicia eficaz, para no caer “vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, como señala el artículo 86 de nuestra constitución.
Pero, tal cual está, la tutela también ha sido usada más de una vez por autoridades que encontraron en ella una manera de buscar el esguince a la Procuraduría. La autoridad rebelándose contra la autoridad, despropósito enorme que ningún constituyente tuvo en mente. Este fue el caso protagonizado por el polémico Gustavo Petro.
Desde cuando el Alcalde de Bogotá mal-utilizó esta herramienta ciudadana en la famosa ‘tutelatón’, para frenar el fallo adverso de la Procuraduría, se abrió la puerta para el abuso de este recurso judicial. De ahí que la Comisión I de la Cámara esté pensando en hacer algunos ajustes a la norma.
Pero el uso proclive mencionado no es el único cuestionamiento; la tutela tiene otros peros. De otra parte, por ejemplo, se encuentra que hay abogados que hacen ‘lobby’ ante magistrados de la Corte Constitucional para que las tutelas que les interesan sean revisadas por ese organismo, como se dice que pasó con el vergonzoso caso de Jorge Pretelt. Para frenar esto, el proyecto reglamentaría que los involucrados en estos recursos argumenten públicamente por qué su tutela debería ser revisada.
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En todo caso, aunque los ajustes parecen pertinentes, nadie puede dudar de que la tutela en Colombia ha defendido a los ciudadanos inermes contra el Leviatán del Estado. No puede uno menos que agradecer esta circunstancia, cuando piensa en la desgraciada Venezuela del Siglo XXI. El reciente fallo condenatorio contra Leopoldo López, infame como se volvió el establecimiento ‘bolivariano’, nunca pudo ser controvertido en su irregular proceso por un recurso como nuestra tutela.
Pero no es propiamente cuestión de que la teoría constitucional venezolana sea garantista. Es cuestión de una perversión del poder que viola el principio de la ‘separación de poderes’ que promovió Montesquieu. Es el ejecutivo omnipotente, y en este caso malévolo, que dirige al legislativo y al judicial. La pesadilla cumplida era que los delincuentes se tomaran dicho poder total. Pero una cosa es el poder y otra la conciencia civil, que se resiste a las dictaduras. Puede que se roben entonces las próximas elecciones, pero nunca recuperarán el apoyo popular. El caso de López galvanizará la resistencia en contra de un régimen tiránico que nunca ‘madurará’. El pueblo, tarde o temprano, tutelará por sí mismo la constitución.
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